El próximo día 17 se cumplen 50 años del accidente de Palomares en el que dos aviones militares de Estados Unidos colisionaron mientras realizaban una maniobra de repostaje de combustible en pleno vuelo cuando sobrevolaban la localidad almeriense. Con motivo de este aniversario, la organización ecologista Greenpeace ha realizado un informe sobre las consecuencias de esas dos bombas atómicas quecayeronen el accidente aéreo de 1966 sin causar reacción nuclear pero sí provocando contaminación radioactiva.
Según defiende Greenpeace, medio siglo después del accidente aéreo la contaminación en la zona "continúa" y los responsables de la misma, el Gobierno de Estados Unidos, no asume "ninguna obligación legal por la contaminación presente o futura". "Si la contaminación no tiene caducidad, tampoco debe tenerla la responsabilidad", concluye en un extenso informe de 19 páginas en el que repasa el suceso, las consecuencias y la gestión de los residuos radiactivos y que ilustra con la famosa instantánea de Manuel Fraga bañándose en Palomares con el objetivo de transmitir un mensaje de tranquilidad a la población tras el incidente.
La organización ecologista parte de la base de que a día de hoy existe "una cantidad significativa de contaminación en la zona" que, citando fuentes oficiales, ubican en el propio suelo, en profundidades que van desde unos centímetros hasta varios metros. Al mismo tiempo, advierte de la falta de información sobre los terrenos que el Gobierno ordenó ocupar para proceder a su vallado y expresa sus dudas sobre la posible dispersión de la contaminación en la zona y las tareas de limpieza y extracción de tierras.Reclama a EEUU un acuerdo vinculante
Partiendo del escenario actual y tras denunciar la falta de validez jurídica del memorándum de entendimiento firmado el pasado 19 de octubre por el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, y su homólogo en España, José Manuel García-Margallo, la organización ecologista ha reclamado "un acuerdo jurídicamente vinculante, durante un periodo de tiempo no inferior a la permanencia de lacontaminación, y que base sus límites en el principio de precaución" y ha reclamado transparencia "con toda la información pasada y futura" y participación pública en los planes de Palomares.
"El principio de quien contamina paga debe hacerse valer frente a las instituciones de los EEUU. Asimismo la transparencia y participación pública debe estar presente en las actuaciones de las instituciones españolas", ha subrayado Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de la organización.
En el apartado de conclusiones, Greenpeace defiende precisamente "la transparencia y la participación pública" como "garantía deseguridad y de democracia" y recuerda que, paralelamente, es "un derecho reconocido en la legislación internacional, europea y nacional".
La organización ecologista subraya en cualquier caso que "no hay solución" para los residuos nucleares y recalca la necesidad de acabar con las armas nucleares y apostar por las energías renovables.
"En lo que respecta a la historia de las catástrofes en el sector de la energía nuclear se demuestra que no es ni segura, ni limpia. Los residuos radiactivos no tienen solución. Sólo una transición completa a las energías renovables puede ofrecer una paz verdadera y sostenible. Todas las personas y las futuras generaciones merecen un futuro sin másresiduos, sin más accidentes nucleares y sin laamenaza de la guerra nuclear", concluye el informe.
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