Denver (EE.UU.), 16 sep.- Para agilizar el procesamiento de los cientos de indocumentados centroamericanos detenidos en Artesia (Nuevo México), las autoridades federales ordenaron que jueces de Inmigración de Colorado escuchen esos casos por medio de circuitos cerrados de televisión.
La decisión, informaron hoy medios locales, significa que los jueces de la corte federal en Denver revisarán los casos de unas 600 mujeres y niños de Honduras, El Salvador y Guatemala que actualmente se encuentran alojados en el centro de detención en Artesia.
De esta forma, los jueces de Denver se suman a las audiencias por videoconferencia que las mujeres y sus hijos detenidos en Artesia deben atender con un juez, hasta ahora en su mayoría desde Virginia.
Las autoridades consideran lento el procesamiento de los casos, que incluyen pedidos de asilo, por lo que se determinó necesario distribuir esta responsabilidad entre otros jueces.
La corte federal de Inmigración en la capital de Colorado tiene uno de los mayores retrasos en el país en cuanto al procesamiento de casos: 715 días (prácticamente dos años) de demora, contra 587 del promedio nacional, según datos difundidos en julio pasado por la Universidad Syracuse.
En números concretos, la corte de inmigración en Denver tenía 7.760 casos pendientes en julio pasado, comparado con unos 40.000 casos pendientes en todo el país. Esas estadísticas no especifican en cuántos de esos casos los indocumentados son menores no acompañados o madres solas con sus hijos.
Para resolver la situación, los jueces en Denver determinarán lo antes posible si las familias alojadas en Artesia deben ser deportadas o si califican para solicitar asilo.
La semana pasada, un grupo de abogados que ayudan a esas familias indicó a medios nacionales que hasta el 80 % de esos indocumentados calificaría para pedir asilo.
Los jueces además le darán prioridad a los casos de inmigrantes recién llegados, por lo que a la vez tendrán que decidir si los casos anteriores simplemente se postergan o si se "congelan", es decir, se eliminan indefinidamente de los expedientes judiciales.
Los retrasos en las cortes de Inmigración se han agravado en los últimos meses después de la avalancha de más de 66.000 menores sin acompañamiento, en su mayoría centroamericanos, que han llegado al país desde el inicio del presente año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2013.
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