Juez niega acción contra orden de Correa que prohíbe entrevistas de ministros

  • Un juez ecuatoriano negó una petición para que se revoque la prohibición del presidente, Rafael Correa, de que los ministros den entrevistas a medios de comunicación privados "mercantilistas", según informó hoy Fundamedios, la organización no gubernamental que había presentado la solicitud.

Quito, 21 sep.- Un juez ecuatoriano negó una petición para que se revoque la prohibición del presidente, Rafael Correa, de que los ministros den entrevistas a medios de comunicación privados "mercantilistas", según informó hoy Fundamedios, la organización no gubernamental que había presentado la solicitud.

Santiago Guarderas, abogado de Fundamedios, indicó en Twitter que el juez rechazó la "acción de protección" porque dice que la disposición de Correa "no es una política pública sino una alocución que ha implementado el Gobierno".

El presidente hizo pública su decisión el pasado junio, cuando también instó a sus seguidores a no comprar lo que él define como "la prensa corrupta".

"¿Por qué nuestros ministros tienen que ir a dar entrevistas en Ecuavisa, en Teleamazonas, El Universo, sin son negocios privados? ¿Acaso con eso no estamos contribuyendo a llenarse el bolsillo de las seis familias que dominan los medios de comunicación a nivel nacional?", se preguntó entonces el mandatario.

Correa arremete con frecuencia contra algunos de los principales medios de comunicación privados del país, a los que acusa de anteponer sus intereses económicos al celo periodístico.

En la audiencia sobre la petición de Fundamedios, realizada esta semana en Quito, el abogado de la Presidencia, Vicente Peralta, dijo que "acudir a los medios de comunicación no entraña una obligación legal y que esta decisión no tiene efecto vinculante para ninguna autoridad", según el diario oficial digital El Ciudadano.

Por su parte, Fundamedios, que es objeto común de las críticas del mandatario, argumenta que la decisión de no dar entrevistas discrimina a los medios de comunicación privados y supone una violación de los derechos humanos.

Alega que priva a los ciudadanos de su derecho a estar plenamente informados y de acceder a los medios de comunicación y a las fuentes que cada uno elija.

Del mismo modo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo en junio que la medida "comete graves faltas contra el principio de transparencia que tienen por mandato los servidores públicos en una democracia".

Fundamedios presentó la acción de protección junto con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el abogado David Cordero Heredia, según informó en un comunicado.

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