Según la Sala Constitucional de la Corte Suprema, "el Estado de Costa Rica está en la obligación de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana", que en noviembre de 2012 ordenó al país centroamericano permitir esa técnica de reproducción asistida, que había sido prohibida 15 años antes.
En cumplimiento de la sentencia, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís emitió un decreto para legalizar la fertilización in vitro, pero diputados evangélicos apoyados por grupos religiosos lo impugnaron en la justicia, que revocó la medida al considerar que requería una ley aprobada por el parlamento para ser legalizada.
Varios proyectos de ley han entrado a la corriente legislativa para regular esta técnica de fecundación, pero la oposición de grupos conservadores cristianos han impedido su aprobación, por considerar que atenta contra el derecho a la vida.
La bancada evangélica está conformada por cuatro de los 57 diputados, y han utilizado tácticas dilatorias para impedir su votación.
En Costa Rica podría haber 15.000 personas que desean procrear y solo tienen la posibilidad de hacerlo mediante la fecundación in vitro, según el abogado Boris Molina, quien representa a varias familias que defienden esta técnica reproductiva.
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