La asesoría jurídica del cermi atendió más de 400 consultas en 2010

La asesoría jurídica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) recibió y atendió en 2010 un total de 408 consultas, según se desprende del informe hecho público este lunes, en el que se señala que se duplicó el número de personas usuarias y/o entidades que acudieron al Cermi con respecto a 2009 (207 consultas).
Así, el informe apunta que las materias que más crecieron en número de consultas son las relacionadas sobre discriminaciones directas e indirectas que apelan al cumplimiento de la Liondau, que pasaron a tener un peso sobre el total del 3% en 2009, al 9% en el 2010, multiplicándose por 5 el total de sus asuntos.
También refleja que las mujeres siguen acudiendo a los servicios jurídicos del Cermi en menor número que los hombres, aunque en la población con discapacidad hay más mujeres que hombres.
Asimismo, indica un número creciente y significativo de asuntos son percibidos por los consultantes que vulneran sus derechos, referidos a la discriminación y de falta de igualdad de oportunidades. Casi todos ellos tienen que ver con la falta de acceso a bienes y servicios tanto públicos como privados y la carencia de apoyos adecuados en la inclusión escolar de menores con discapacidad.
Un 20% de las consultas atendidas que generan más dudas a las personas con discapacidad y sus familias fueron las relacionadas con el empleo, como las ayudas a la contratación y los problemas que presentan el régimen de exclusiones de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social.
También destaca que el 31% de las consultas estuvieron directamente relacionadas con el incumplimiento o falta de accesibilidad, al mismo tiempo que un 9% versaron sobre temas de vivienda, para la eliminación de barreras en los edificios sometidos a la Ley de la Propiedad Horizontal y con la concesión de viviendas de protección oficial.
El informe resalta también asuntos como la compatibilidad del trabajo remunerado y el derecho a percibir pensiones o prestaciones públicas en sus diversas modalidades, así como que la autonomía personal y la atención a la dependencia siguen generando numerosos conflictos, tal y como muestra el documento.
Por otro lado, el acceso a bienes y servicios tanto públicos como privados, que supusieron un 5% de las consultas, fue un tema creciente que responde a la falta de aplicación de los criterios de accesibilidad universal y que se empieza a reclamar por las personas con discapacidad "como condición indispensable" para el ejercicio de sus derechos.
Por último, destaca el incremento constante de consultas en materia de educación obligatoria. Según el Comité, "estos asuntos generan un gran desamparo en los padres/madres y en el alumnado cuando no están de acuerdo con la decisión administrativa que obliga a sus hijos/as a acudir a un colegio de educación especial".
Según el informe, por una parte, hubo 276 consultas propiamente dichas, cuando lo que se busca es simplemente información u orientación jurídica sobre una cuestión relacionada con la discapacidad; y, por otra, 132 denuncias de personas que se sienten discriminadas por razón de discapacidad en el ejercicio de alguno de sus derechos.