La AVT, treinta años defendiendo la dignidad de las víctimas del terrorismo

  • La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) elige hoy su nueva dirección, la séptima junta directiva de esta organización que nació hace 31 años con el compromiso de reivindicar la dignidad de las víctimas, reclamar justicia y rechazar cualquier negociación con ETA.

Madrid, 26 may.- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) elige hoy su nueva dirección, la séptima junta directiva de esta organización que nació hace 31 años con el compromiso de reivindicar la dignidad de las víctimas, reclamar justicia y rechazar cualquier negociación con ETA.

La AVT quedó legalmente constituida el 4 de febrero de 1981, impulsada por Ana María Vidal-Abarca, viuda del comandante Jesús María Velasco asesinado en Vitoria en 1980, Luis Delgado Cabezas, padre del niño Luis Delgado, muerto en Madrid en 1988 en un atentado en el que él mismo y su esposa resultaron gravemente heridos, Isabel O'Shea, ya fallecida, y Sonsoles Álvarez de Toledo.

Durante estas tres décadas de existencia, que la asociación conmemoró en un congreso celebrado en Madrid en junio del año pasado, la AVT siempre ha defendido los fines para los que fue creada, entre los que figuran aunar a las víctimas del terrorismo para, de forma colectiva, reivindicar derechos y justicia o prestar la ayuda moral o material necesaria.

A estas prioridades se suman la petición de que los terrorista cumplan íntegramente sus penas y el rechazo total a cualquier negociación con ETA.

La organización, apolítica y de carácter benéfico asistencial, cuenta con más de 4.000 asociados y recibe subvenciones de los ministerios del Interior, Defensa y Trabajo, de instituciones públicas, además de los donativos de particulares.

Unos ingresos que se han visto mermados este año casi un 50 por ciento a consecuencia de la crisis y que han obligado a su presidenta actual, Ángeles Pedraza, a salir a la calle y solicitar directamente ayuda económica a los ciudadanos.

No obstante, la situación económica no ha sido en estos treinta años la máxima preocupación de la AVT, que emprendió su andadura para combatir la marginación de las víctimas y luchar contra el olvido social que padecía el colectivo, especialmente en la década de los ochenta, los llamado "años de plomo", con atentados mortales prácticamente todas las semanas.

La batalla de las víctimas para conseguir reconocimiento obtuvo su primera recompensa en 1999 con la aprobación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

Fue tras este logro cuando la primera presidenta cedió su cargo por razones personales a Sonsoles Álvarez de Toledo, que fue relevada en 2000 por Luis Portero de la Torre, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA.

Entre mayo de 2004 y abril de 2008, con Francisco José Alcaraz al frente de la AVT, el colectivo de víctimas impulsó la "rebelión cívica" con la convocatoria de más de una decena de manifestaciones en contra de la negociación con la banda terrorista y de lo que consideraban "traición" a las víctimas del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Las protestas, que congregaron a miles de personas, contaron con el apoyo activo del PP en momentos clave como la excarcelación del etarra José Ignacio de Juana Chaos o el inicio de los contactos con ETA durante el alto el fuego que la organización rompió con el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006.

Juan Antonio García Casquero, víctima de un atentado en 1992, se convirtió en el quinto presidente de la AVT en abril de 2008. Dos años después renunció a ser reelegido de nuevo por motivos personales, lo que supuso que Ángeles Pedraza, entonces su vicepresidenta, se pusiera al frente de la organización.

En estos dos últimos años, la asociación ha logrado que el Congreso aprobara la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo que aúna en una sola norma toda la normativa de atención a las víctimas y las reivindicaciones de los colectivos afectados.

Entre las demandas de la AVT, la ley incorpora el compromiso del Estado de perseguir "la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas" de ETA, defiende el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas y reconoce como víctimas del terrorismo a hermanos, abuelos y nietos de las personas afectadas por atentados, y también a las víctimas ilesas a efectos honoríficos.

Con todo, treinta años después de su fundación, la organización lamenta que queden todavía objetivos pendientes: el esclarecimiento de más de 300 asesinatos de ETA sin resolver y, sobre todo, la derrota total e incondicional de la banda.

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