La Defensora del Pueblo pide que se paralice la expulsión de dos senegaleses

Sevilla.- La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para pedir que se deje sin efecto la orden de expulsión dictada contra dos ciudadanos senegaleses detenidos el pasado 8 de septiembre por resistencia a agente de la autoridad.

Así lo han dado a conocer hoy en rueda de prensa la esposa de uno de ellos, Patricia Martín, y el vocal del área de inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Jesús Roiz, quienes han denunciado que ambos detenidos acaban de ser enviados a Madrid a la espera de ser repatriados de forma inminente.

Pape Seck y Birahim Mgengue, ambos senegaleses y en situación irregular en España, fueron detenidos el pasado 8 de septiembre durante una operación policial contra la venta de discos piratas cerca del centro comercial Nervión Plaza, en cuyo desarrollo, según la Policía, habrían agredido supuestamente a varios agentes.

Tanto Roiz como Martín han negado hoy "rotundamente" que hubiera agresión por parte de los detenidos y han afirmado que sí la hubo por parte de la Policía hacia ellos, por lo que presentaron una denuncia en el juzgado de lo Social por malos tratos en detención contra agentes de la Policía Local y la Policía Nacional.

Patricia Martín, esposa de Birahim Mguengue, con el que convivía desde hace dos años, ha explicado que tras la detención se vieron obligados a suspender su boda, prevista para el 23 de septiembre. Por esta razón, el pasado lunes se trasladó a Algeciras, a cuyo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) fue conducido su marido tras la detención, para contraer matrimonio y que su marido pudiera "tener su regularización".

Martín ha pedido "por favor" que dejen vivir a su marido en España, adonde llegó en 2006, porque "no ha hecho nada malo" y ha explicado que los tres hijos que ella tiene de una relación anterior están "pasándolo muy mal" puesto que estaban acostumbrados a convivir con él.

Por su parte, Roiz ha pedido que se paralice la expulsión porque considera que existe en ambos casos una situación de "arraigo real" al llevar más de tres años en España y haber estado trabajando, aunque la falta de un contrato dificulta la demostración de esa relación laboral.

Desde la APDHA se preguntan "por qué si cuando llegaron con su pasaporte tuvieron derecho a la Seguridad Social, a abrir una cuenta bancaria o a alquilar una casa, ahora se les exige un contrato para poder permanecer en España".

Según han explicado, la decisión final está en manos de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla, que tendrá que pronunciarse antes del próximo 9 de noviembre, al cumplirse el plazo de dos meses que pueden permanecer en España tras su detención.