La FEMP prevé mejorar la reforma local con las alegaciones que presentará hoy

  • El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha dicho que con las alegaciones a la reforma local, que presentará hoy mismo en el Ministerio de Hacienda, pretenden "mejorar" y "enriquecer" el texto inicial, sobre el que el Gobierno quiere seguir negociando.

Madrid, 9 abr.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha dicho que con las alegaciones a la reforma local, que presentará hoy mismo en el Ministerio de Hacienda, pretenden "mejorar" y "enriquecer" el texto inicial, sobre el que el Gobierno quiere seguir negociando.

En rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Gobierno de la FEMP, en la que se han terminado de recoger las alegaciones a la reforma local -que se presentarán hoy mismo al Ejecutivo-, De la Serna ha mostrado la disposición de "colaborar con el Gobierno pero siempre en defensa de la autonomía local", por lo que se ha mostrado convencido de que "hay margen suficiente" para "introducir mejoras" al texto.

De la Serna ha comentado que en la Junta de Gobierno, el PSOE e IU han solicitado la retirada de la Ley de Bases de Régimen Local, aunque ambos grupos han señalado que van a respaldar las alegaciones que presentarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que serán estudiadas en una Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL).

Esta comisión se celebrará, según De la Serna, con posterioridad a la reunión que estudie la posibilidad de que el superávit de los ayuntamientos puedan destinarlo a inversiones.

De la Serna ha explicado que algunos aspectos del texto inicial de la reforma iban directamente "a vulnerar" determinados asuntos de la autonomía local y se ha referido a la supresión de municipios, de supresión forzosa, o la eliminación del 30 por ciento de concejales. Un escenario, ha dicho, "completamente distinto" al actual.

Por el contrario, el nuevo proyecto "ha dado un gran salto" en el reparto competencial y la mejora, ha subrayado, "tiene que venir por la vía de la Educación" para lo que plantean un sistema igual al de la Sanidad o los Servicios Sociales.

En este sentido, ha calificado de "anacronismo" que los ayuntamientos asuman la limpieza de los colegios cuando la gestión de los mismos es de la comunidad autónoma y ha calificado de "extraño" que el nuevo texto de la reforma "contradiga para la Educación lo que se ha planteado para el resto de competencias".

De la Serna, ha recalcado que las alegaciones a la reforma local incluyen las sugerencias y observaciones de todos los grupos políticos y de todos los órganos locales distribuidos por el territorio español.

Para el presidente de la FEMP es necesario "intentar agotar todas las vías posibles para seguir trabajando con lealtad institucional y con ánimo de colaboración" en el texto de la reforma local.

Ha explicado que las alegaciones se dividen en tres bloques: El primero, destinado a suprimir determinados controles tutelares que no se justifican o que pueden atentar contra la autonomía local y entre los que ha destacado la eliminación del régimen especial de intervención en municipios de menos de cinco mil habitantes.

En este primer bloque de alegaciones también hay otro aspecto que se refiere a la figura del interventor municipal, así como al personal eventual.

El segundo bloque de alegaciones, ligado al ámbito competencial, solicita que los servicios vinculados a una determinada competencia sean financiados por quien tiene dicha competencia, es decir por loas comunidades autónomas.

Asimismo, De la Serna ha dicho que no comparten el criterio que apunta que los municipios de menos de 20.000 habitantes no podrán prestar servicios delegados por las autonomías, ni que en el ámbito competencial se puedan suprimir convenios actualmente en vigor.

Respecto al tercer bloque de alegaciones, referido al coste estándar de los servicios, De la Serna ha dicho que las alegaciones van en la línea de que dicho coste no se establezca de manera general, es decir, que se evalúen sólo los servicios de los ayuntamientos que incumplan, y además que se dé un plazo suficiente para que los consistorios se adapten a dicho coste.

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