Madrid, 15 abr.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dejado hoy claro que el Ministerio Público examinará cada escrache que se produzca para comprobar si ha vulnerado los derechos fundamentales y es constitutivo de algún delito tipificado en el Código Penal.
Torres-Dulce ha hecho estas manifestaciones a los periodistas antes de intervenir en la Comisión de Justicia del Senado y al ser preguntado por si la Fiscalía General estaba recibiendo información de los fiscales de los tribunales superiores sobre las concentraciones ante las viviendas de políticos.
La información llega de forma fluida y continuada a la Fiscalía, que no les ha dado un plazo para ello, sino que los fiscales superiores van informado puntualmente de todas aquellas actuaciones que hayan derivado en una denuncia ante los órganos judiciales, ha explicado Torres-Dulce.
Según ha relatado, el oficio de la Fiscalía era "claro y preciso" en el sentido de que las concentraciones permitan conciliar los derechos de libertad de expresión y de reunión y manifestación con el respeto de los derechos fundamentales individuales, "que tienen su reflejo de protección en el Código Penal".
Por tanto, ha continuado, la Fiscalía examinará en cada caso "si se ha trascendido más allá de estos derechos y se incide directamente en el Código Penal, que está para garantizar la convivencia pacífica de todos los españoles".
"Cada caso será examinado atendiendo a las circunstancias que concurren en cada caso y, atendiendo a la estructura de los tipos penales, proceder en consecuencia", ha apostillado.
Sobre la posibilidad de prohibir los escraches, Torres-Dulce ha considerado que no se trata ni de eso ni de afirmar que no tienen trascendencia alguna, sino de analizar cada una de las concentraciones y, en caso de que se produzca un hecho penal, actuar en consecuencia.
Respecto a la adopción de medidas como la fijación de un perímetro en torno a las viviendas de los políticos que no deben superar los escraches, Torres-Dulce ha recordado que se trata de medidas de política administrativa y policial, y, por tanto, le corresponde a Interior y a las consejerías de cada comunidad autónoma adoptar las decisiones que estimen oportunas. EFE
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