París.- El director general de la Gendarmería francesa, Jacques Mignaux, negó hoy tajantemente la existencia de un fichero de gitanos, y consideró que las revelaciones a ese respecto forman parte de una operación para desprestigiar a ese cuerpo policial.
Mignaux, que comparecía ante la comisión legislativa de la Asamblea Nacional (cámara baja), se quejó de que no se hubiera hecho caso de sus primeros desmentidos sobre la existencia de esos ficheros.
Por eso, insistió en que su voluntad con su declaración ante los diputados de esta comisión era "poner fin a las alegaciones que desacreditan nuestra institución".
Esta polémica surgió en el contexto de la política del Gobierno de expulsión de Francia de gitanos rumanos y búlgaros, reivindicada de forma marcada este verano por el presidente, Nicolas Sarkozy, y que ha suscitado fuertes controversias entre las autoridades francesas y la Comisión Europea.
"Los gendarmes viven mal estas acusaciones", señaló el director general del cuerpo antes de añadir que habían recibido "con satisfacción" la semana pasada a los expertos de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) encargados de verificar que el cuerpo armado no había establecido listados de carácter étnico, totalmente prohibidos en Francia.
Mignaux aseguró que la inspección de la CNIL -un organismo oficial encargado de supervisar la regularidad de ficheros de organismos públicos y privados- ha permitido demostrar "de forma incontestable" que no existen ficheros personalizados con criterios étnicos.
Esa inspección "debería permitir restablecer la verdad", sentenció el general.
La comparecencia de hoy fue consecuencia de la iniciativa de la diputada socialista Delphine Batho, que había solicitado en principio la presencia del ministro del Interior, Brice Hortefeux, y del responsable de la Gendarmería.
Tras las revelaciones del diario "Le Monde" sobre un supuesto fichero de Minorías Étnicas No Sedentarias (MENS), cuatro asociaciones interpusieron la semana pasada una denuncia.
Crear un fichero de ese tipo, en este caso sobre los gitanos, a partir de criterios raciales o étnicos es un delito castigado en Francia con penas de hasta cinco años de cárcel y multa de 300.000 euros.
La declaración del general de la Gendarmería se produjo después de que la Asamblea Nacional adoptara ayer, en primera lectura, un proyecto de ley sobre la inmigración que facilita la expulsión de ciudadanos comunitarios que carezcan de recursos para estar en Francia o que se dediquen a la mendicidad.
Una disposición redactada este verano al calor de la ofensiva del Ejecutivo para acelerar las expulsiones de gitanos rumanos y búlgaros.
En el proyecto de ley, que ahora pasará a ser tramitado en el Senado, también se agilizan los procedimientos para desmantelar campamentos de gitanos y se endurecen las medidas contra aquellos que vuelvan a Francia después de haber sido expulsados.
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