Buenos Aires.- La Justicia argentina pidió a España que le informe si en ese país hay causas abiertas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista, para resolver si corresponde atender demandas de españoles presentadas en los tribunales de Buenos Aires, informaron hoy fuentes judiciales.
La petición fue efectuada en un exhorto diplomático de la jueza federal bonaerense María Servini de Cubría, quien interviene en actuaciones iniciadas por víctimas del franquismo bajo el principio de "jurisdicción internacional" para juzgar casos de violaciones a los derechos humanos, dijeron a Efe las fuentes.
Servini de Cubría cumplió así con un dictamen de la Cámara Criminal y Correccional Federal que a comienzos del mes pasado respondió favorablemente a una apelación de los demandantes al ordenar la reapertura de la causa, que la jueza había archivado.
Si la justicia española respondiese que existen en ese país causas judiciales por crímenes del franquismo, la jueza podría ratificar el archivo de las actuaciones iniciadas en Buenos Aires en abril pasado con el auspicio de organismos humanitarios de Argentina y España, explicaron los portavoces.
En caso contrario, la magistrada podría declararse competente para seguir adelante con las actuaciones, que refieren a múltiples delitos de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977, lapso que incluye a crímenes durante la Guerra Civil, indicaron.
Servini de Cubría había archivado las actuaciones en base a un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante.
Pero a comienzos de septiembre, el tribunal de alzada declaró nula la decisión de la jueza "por carecer de fundamentación y sustento en el ordenamiento procesal vigente", según el dictamen al que tuvo acceso Efe.
La Cámara Criminal y Correccional Federal aceptó la petición de la querella para que por vía diplomática se pida a España que informe "si efectivamente" se investiga allí si existió "un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física" a manos del franquismo.
Subrayó que "la persecución penal" es "un corolario necesario del derecho" de toda persona a "una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente" que establezca si hubo violación de sus derechos, "se identifique a los responsables y se les impongan las sanciones pertinentes".
Entre las demandas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
En abril pasado, Rivas y García encabezaron la querella presentada ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
La demanda fue ampliada después con diecisiete nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.
La querella pidió listas de las fosas comunes halladas en España, un censo de los niños robados durante la dictadura, e información de "todas las empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que aún siguen activas".
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