La ley que limita las protestas agrieta aún más la transición en Egipto

Belén Delgado

El Cairo, 26 nov.- La detención de activistas opuestos a la nueva ley que restringe las manifestaciones en Egipto causó hoy la retirada provisional de diez miembros del comité que reforma la Constitución, agrietando el delicado proceso de transición política que vive el país.

Con la polémica normativa en la mano, la policía reprimió hoy con dureza la manifestación convocada por grupos revolucionarios como el 6 de Abril y el de "No a los juicios militares a civiles", frente a la Cámara baja del Parlamento.

Cientos de personas fueron dispersadas con cañones de agua y gases lacrimógenos hacia los alrededores de la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, bajo la excusa de que esa marcha no había sido previamente autorizada.

En los disturbios fueron detenidas al menos 28 personas, según el Gobierno, mientras que organizaciones de derechos humanos elevaron esa cifra a 35, entre las que citaron a conocidos activistas como Mona Seif, abogados y periodistas.

Lejos de abandonar la calle, los manifestantes continuaron entonando cánticos contra el Ministerio de Interior y se desplazaron a la céntrica plaza de Talaat Harb, donde las fuerzas de seguridad volvieron a cargar contra ellos.

"Quieren eliminar las protestas. En el régimen de Hosni Mubarak (1981-2011) se prohibían en la sombra, pero ahora todo el mundo puede ver lo que están haciendo", aseguró a Efe el joven Ayman Guda.

Entre los asistentes estuvo Jaled Daud, antiguo portavoz del Frente de Salvación Nacional -opuesto a los Hermanos Musulmanes- que dimitió del cargo tras el violento desalojo en agosto de las acampadas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi.

En declaraciones a Efe, Daud se declaró en contra de la "vuelta al estado policial de antes", en alusión al régimen de Mubarak, y consideró que la nueva ley no solo persigue las protestas de los islamistas, sino las del resto de ciudadanos.

"Este es el momento menos adecuado para aprobar una norma como esta, cuando estamos a punto de votar una reforma constitucional y se necesita un ambiente positivo", afirmó.

Las primeras fisuras por la ley que regula las protestas, aprobada el pasado domingo por el presidente interino, Adli Mansur, no se hicieron esperar.

Diez de los cincuenta miembros que componen el comité constituyente suspendieron sus trabajos en rechazo a las detenciones de los activistas.

Entre los que han congelado su participación están Diaa Rashuan, secretario general del Sindicato de Periodistas, y Mohamed Abul Gar, presidente del Partido Socialdemócrata, además de artistas e intelectuales.

Lo mismo hicieron los representantes del movimiento juvenil Tamarrud (rebelión), impulsor de las manifestaciones que llevaron a la destitución de Mursi, que dijeron que se retiran hasta que se ponga en libertad a los arrestados.

En un intento de calmar los ánimos, el primer ministro, Hazem al Beblaui, se reunió con jóvenes y dirigentes de fuerzas políticas, a quienes anunció la creación de una comisión para analizar las reservas suscitadas por el texto.

Al Beblaui llamó también al presidente del comité constituyente, Amro Musa, para garantizarle que los detenidos frente a la sede del Parlamento serán liberados.

Distintos grupos y sindicatos ya han dejado claro que seguirán en las calles hasta que se elimine una ley que prohíbe, entre otros aspectos, concentraciones de más de diez personas sin autorización.

Para conseguir el permiso, los organizadores deben avisar a la policía con al menos tres días de antelación de los detalles de las manifestaciones y, en caso de que su petición sea rechazada, pueden acudir a los tribunales.

También se limitan las protestas frente a los edificios públicos y se establecen duras penas para los infractores de la ley, que ya tuvo un fuerte rechazo social desde que se elaboró su primer borrador.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos se quejó de que solo una de sus observaciones fue tomada en cuenta y que la norma podía "obstaculizar el derecho de manifestación pacífica".

Desde la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos, el abogado Ali Atef expresó a Efe el deseo de que se anule esa "ley injusta" y que se redacte otra en coordinación con los grupos de derechos humanos.

El Ministerio de Exteriores dijo hoy en un comunicado que se trata de una cuestión interna de Egipto, después de que Estados Unidos manifestara su preocupación por una ley que "no cumple con los estándares internacionales y obstaculiza el camino del país hacia la democracia".