La onu denuncia homicidios, secuestros y torturas a defensores de los derechos humanos en libia

Naciones Unidas ha documentado un “catálogo de ataques y amenazas de violencia”, como homicidios, secuestros y torturas, contra defensores de los derechos humanos de Libia, tanto dentro del país como en algunos casos incluso después de que los activistas se vean obligados a abandonar el territorio.
Así consta en un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de las Naciones Unidas en Libia (Unsmil, en sus siglas en inglés), hecho público este miércoles.
El informe recoge casos de homicidios, secuestros, torturas y otros malos tratos, privación ilegal de la libertad y amenazas de muerte por teléfono y en las redes sociales a personas que tratan de arrojar luz sobre las violaciones de los derechos humanos en Libia desde el pasado mes de mayo, a manos de grupos armados en todo el país.
Recientemente, la destacada activista Entisar al-Hassaeri fue tiroteada en Trípoli. Su cuerpo y el de su tía se encontraron en el maletero de su coche el pasado 23 de febrero. Y dos miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Libia fueron secuestrados el 13 y el 14 de marzo en el centro de la capital del país, aunque posteriormente fueron liberados, pero otros defensores de los derechos humanos siguen desaparecidos.
"Dados los riesgos cada vez mayores, los asesinatos y las repetidas amenazas, muchos defensores de los derechos humanos han huido del país, han callado o se han visto obligados a trabajar en secreto con gran riesgo para ellos y sus seres queridos", señala el informe.
El documento añade que “los que lograron huir al extranjero se enfrentan a una gran cantidad de problemas relacionados con su estado de residencia, la expiración de pasaportes sin posibilidad de ampliación en algunos consulados libios locales, la pérdida de ingresos y otras dificultades financieras”. “Algunos defensores de los derechos humanos que han huido han explicado que continuaron recibiendo amenazas de muerte en sus teléfonos móviles y páginas de medios sociales. En al menos dos casos, fueron agredidos físicamente en Túnez, al parecer por libios", apunta.
“FRACASO” DE LA JUSTICIA
Además, una periodista y defensora de los derechos de las mujeres abandonaron el país desde Bengasi a finales de 2014 después de recibir numerosas amenazas, entre ellas un mensaje de texto con advertencias de secuestro de su hijo. A pesar de mudarse al extranjero, ha continuado recibiendo avisos intimidatorios, como cuando un pasajero de un tren la arrojó café con el aviso de que la próxima vez sería ácido.
Otra periodista y activista fue amenazada sexualmente en su página de Facebook con el mensaje “vamos a ir a tu casa a romper tu honor” y un defensor de los derechos humanos abandonó Trípoli el pasado septiembre tras recibir agresiones físicas, ser detenido y advertido de secuestro de familiares.
Los asesinatos de varias personas destacadas en Bengasi año pasado, como el editor de periódico Muftah Abu Zeid, la defensora de los derechos humanos Salwa Bughaigis y los jóvenes activistas de la sociedad civil Tawfik Bensaud y Sami al-Kawafi, siguen sin resolverse.
"La población civil de Libia, incluidos los defensores de derechos humanos, tienen pocas o nulas posibilidades de buscar protección o acceso a la reparación por el daño sufrido", advierte el informe de la ONU, que agrega que “la ruptura de la ley y el orden ha llevado al fracaso del sistema de justicia penal en algunas regiones de Libia, especialmente Derna, Bengasi y Sirte, mientras que han sido documentadas perturbaciones graves en otros lugares. Funcionarios del sector judicial han sido violentamente atacados por grupos armados".
El informe recalca que los grupos armados en las diferentes derivaciones políticas, tribales, regionales e ideológicas “son responsables de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y abusos de los derechos humanos, entre ellos secuestros, ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos”.
Naciones Unidas advierte de que quienes cometen delitos de derecho internacional, incluyendo muchos de los detallados en el informe, son penalmente responsables ante la Corte Penal Internacional.
El informe apela a la necesidad de reanudar la construcción de las instituciones estatales en Libia, en particular el sistema judicial en general, y recalca que los países vecinos y la comunidad internacional deben garantizar la protección de los defensores de derechos humanos libios expidiendo de visados de emergencia y proporcionando refugio temporal.
Por último, Naciones Unidas pide a las autoridades libias y a quienes tienen el control efectivo de algunas zonas sobre el terreno a que tomen medidas para detener los ataques contra defensores de los derechos humanos y fomenten la creación de un entorno más seguro y propicio para que estas personas puedan realizar su trabajo.