Los ecologistas desean “una sentencia ejemplarizante” en la causa por el proyecto castor

Ecologistas en Acción y Greenpeace acogieron este martes con agrado que se haya abierto una causa judicial por presuntas irregularidades en el almacén de gas Castor, paralizado desde septiembre de 2013 al producirse frente a las costas de Vinaròs (Castellón) unos 400 seísmos, y desearon que el caso concluya con “una sentencia ejemplarizante” que siente un precedente ante futuros proyectos similares.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs decidió este lunes imputar a 18 personas por sus responsabilidades entre 2007 y 2010, entre ex altos cargos de los ministerios de Medio Ambiente, Ciencia e Industria, y de la empresa Escal-UGS, a la que se concedió el proyecto, por presuntos delitos de prevaricación medioambiental, contra el medio ambiente y los recursos naturales.
El portavoz de Ecologistas en Acción en Vinaròs, Quique Luque, mostró hoy, en declaraciones a Servimedia, su “satisfacción” por la apertura del caso porque “cumple una de las pretensiones que teníamos, que es la de buscar responsables no sólo por los seísmos, sino porque hubo negligencia en los trámites y en el control de las administraciones”.
“Ojalá haya una sentencia ejemplarizante y siente un precedente para que no se vuelva a repetir y se busquen responsabilidades porque España tiene una historia intolerable de dejadez y de permisibilidad con este tipo de actos”, apuntó.
Luque recalcó que el almacén de gas “tiene que ser desmantelado” y se mostró contrario a la hibernación aprobada por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con una compensación de 1.350 millones de euros a Escal UGS, controlada por ACS.
“La hibernación no nos conduce a nada porque el almacén se podría utilizar en otro cambio de Gobierno para reactivarlo. Ya sabemos los peligros que conlleva y que los perjuicios pueden ser mucho más graves si se volviera a abrir, con lo cual no queda otra que cerrarlo”, añadió.
“PRECEDENTE POSITIVO”
Por su parte, el responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace, Julio Barea, apunto, en declaraciones a Servimedia, que la causa judicial debe servir para que “no vuelvan a suceder” casos como el de Castor.
“Las autoridades ambientales deben conceder permisos con conocimiento, velando por el medio ambiente y el bien general, nuca por los intereses privados y particulares de empresas o personas”, apostilló.
En este sentido, Barea calificó de “precedente positivo” que haya una causa judicial abierta por la presunta irregularidad en la concesión de permisos para el almacén de gas Castor, aunque recordó que esta gestión supone que “vamos a tener que pagar 1.350 millones de euros de indemnización”.
Respecto al almacén, Barea indicó que “no puede funcionar como tal porque ya se ha visto en las pruebas de inmersión de fluidos cómo ha provocado decenas de terremotos en las zonas cercanas, con lo cual tiene muy mala pinta y no se va a poder utilizar para los fines para los que fue diseñado”. “No sabemos si va a servir para otra cosa, pero igual se tiene que quedar ahí hibernando para siempre”, concluyó.