Los sindicatos se movilizarán e irán a los tribunales si Sanidad no negocia

Madrid, 3 abr.- Cinco sindicatos de la sanidad pública han anunciado hoy un calendario nacional de movilizaciones, una queja a la Defensora del Pueblo e incluso que recurrirán a la vía judicial si el departamento que dirige la ministra Ana Mato sigue "sin querer negociar" las cuestiones que afectan a todos los trabajadores del sector.

El pasado 26 de marzo, FSP-UGT, FSS-CCOO, USAE, Satse y CSIF solicitaron por carta a la ministra que convocase "a la mayor brevedad" la mesa de negociación con los representantes "legítimos" de los empleados del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Los sindicatos, que denuncian una situación de "gravedad extrema" del SNS por los "recortes", van a "judicializar" este asunto si el ministerio no acepta la petición pasados quince días, según ha advertido en conferencia de prensa el secretario general de FSS-CCOO, Antonio Cabrera.

"El ministerio no quiere reconocer la representatividad de los sindicatos", que abarca a cerca del cien por ciento de los trabajadores, según Cabrera, pues tan sólo se ha constituido el denominado "Ámbito de Negociación" de la sanidad pública, sin que se haya dialogado hasta ahora.

La secretaria de FSS-UGT, Pilar Navarro, ha asegurado que Sanidad sí se reúne con otras organizaciones como foros, asociaciones y sociedades "no legitimadas" para la negociación de asuntos laborales.

También han previsto una queja a la Defensora del Pueblo la semana próxima por "incumplimiento" de los estatutos de garantías de derechos sindicales y convocar asambleas informativas en los grandes centros de trabajo en abril y una "gran" jornada común de actos de protesta -según se decida en cada comunidad- en la segunda quincena de mayo en toda España.

"Si no hay un cambio de actitud -ha advertido Cabrera-, seguiremos en una lucha continua para que las reformas sanitarias sean negociadas con los sindicatos", pues las movilizaciones se reanudarían en septiembre.

Ha precisado que, en cualquier caso, continuarían las protestas en cada comunidad para denunciar los problemas autonómicos.

El presidente de sanidad de CSIF, Fernando Molina, ha defendido una respuesta "conjunta y contundente" de los sindicatos y ha denunciado la externalización de servicios de la sanidad pública, menor inversión sanitaria, aumento de las listas de espera, rebajas salariales, incrementos de la jornada, amortización de plazas y despidos, como 200 del hospital Puerta de Hierro de Madrid, según ha asegurado.

Para Molina el ministerio es "autista", pero "no se puede quedar al margen de las privatizaciones" ni de que el SNS se transforme en "17 subsistemas".

Las organizaciones quieren hablar de las condiciones laborales en general y retribuciones, homologación de categorías, desarrollo profesional, troncalidad de los estudios y especialidades médicas y de enfermería.

"La sanidad y los servicios sociales -ha asegurado Molina- es el sector con más destrucción de empleo detrás de la construcción, lo que es una auténtica descapitalización del SNS."

Según datos del sistema sanitario, ha comentado, había 128.000 facultativos en 2009 y eran 114.000 en 2011, a pesar de que la población "no ha descendido".

También ha acusado al ministerio de "vulnerar" el derecho de información por no conocerse la pérdida total de empleo en la sanidad pública.

El secretario general de Satse, Alejandro Laguna, ha denunciado la "destrucción" del sistema y ha comparado datos del SNS de 2011 y otros del INE de año y medio después para asegurar que entonces no había enfermeros en paro y ahora son 18.000.

Cabrera ha señalado que la eficiencia económica de la sanidad pública "no puede ser excusa para recortar".

Ha explicado que el modelo español recibe menos inversión que otros y, sin embargo, tiene una de las mejores relaciones del mundo entre gasto por habitante y resultados cualitativos.

"Lo que parece -ha interpretado- es que quieren convertir la sanidad en un mercado de 86.000 millones de euros", después de haber quebrado la construcción.

A pesar de todo, los sindicatos han reconocido que la sanidad pública necesita propuestas para mejorar la eficiencia, pero que sean alternativas a las reformas de las administraciones que pretenden "deslegitimizarlo".

"Queremos una gestión profesional de la sanidad y fondos finalistas para financiarla", ha resumido Molina.

Preguntados por qué no estaban presentes otros sindicatos, como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), los convocantes han asegurado que habían sido invitados a compartir esta comparecencia, pero no han acudido.