Mato insta a CCAA a vigilar la transparencia de los fondos para dependencia

Madrid, 4 jul.- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado hoy que todas las comunidades autónomas deberían tener "especial cuidado" y "vigilar" el manejo que se hace del dinero público destinado a desarrollar el sistema de la dependencia.

Mato se ha expresado de esta manera tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que ha aprobado, a través de una orden ministerial, un nuevo sistema de información por el cual las autonomías deberán justificar en qué gastan el dinero.

Esta certificación será necesaria para que las comunidades puedan recibir la aportación estatal.

El sistema de información, según ha explicado la ministra, tiene como objetivo hacer más transparente la gestión del sistema de la dependencia y evitar las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas entre 2007 y 2011.

Mato ha subrayado que la norma garantizará la "fiabilidad", la "seguridad" y la "transparencia" de la información que aportan las autonomías.

Así, las comunidades deberán enviar todos lo meses un certificado con información sobre las altas, bajas, modificaciones, revisiones y traslados y, además, deberán expedir otro anual que mostrará la aplicación de los créditos de los Presupuestos Generales del Estado para financiar la atención a los dependientes.

"No creo que sea un trabajo que cueste mucho esfuerzo porque todas las comunidades autónomas deberían estar vigilando lo que se hace con el dinero público que se destina para ese fin", ha afirmado la ministra tras las críticas de Cataluña, Asturias y Andalucía al nuevo sistema porque temen que pueda suponerles un exceso de burocracia.

Las comunidades autónomas que no presenten en plazo la certificación mensual, se le les aplicará una moratoria hasta que la cumplimenten, han explicado fuentes del departamento que dirige Mato.

La ministra ha subrayado que en los seis primeros meses del año se han reconocido 45.515 nuevos beneficiarios con derecho a prestación y se ha reducido la lista de espera en cerca de 21.000 personas.

"Creo que las comunidades, todas, deberíamos tener especial cuidado con la transparencia en el manejo de dineros públicos, que están dedicados a la dependencia", ha insistido la ministra.

El Consejo Territorial también ha aprobado la creación de dos grupos de trabajo: uno para analizar la situación actual del procedimiento para reconocer la concesión de prestaciones y el otro para estudiar los procesos de valoración y establecer mecanismos de coordinación.

Mato ha informado, asimismo, de la reforma del sistema de subvenciones sociales para "reorientar" la convocatoria de ayudas con cargo al IRPF y las del régimen general "a quienes más lo necesitan".

Así, el sistema de distribución de subvenciones con cargo al 0,7 por ciento del IRPF, que en 2013 distribuirá 210,1 millones de euros, se sustituye por otro basado en áreas de actuación, en lugar de en colectivos como los mayores, jóvenes, personas con discapacidad, entre otros, lo que -a juicio de la ministra- supone un modelo "mas flexible, eficiente y objetivo".

Mato ha explicado que, de esta manera, se van a priorizar los programas de urgencia social, como atender las necesidades básicas de personas en situación de pobreza, apoyar a las familias con necesidades especiales de atención, ayudar a una adecuada nutrición de los hijos menores o acciones dirigidas a adolescentes en riesgo de exclusión.

Sobre las subvenciones de Régimen General, se modificarán para reconocer como entidades colaboradoras de la Administración General del Estado a las organizaciones que componen el tercer Sector -unas 29.000-.

Por otra parte, la ministra ha expuesto a los consejeros la puesta en marcha del plan social de pago a ONG, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, para hacer frente a las deudas de autonomías y ayuntamientos con el Tercer Sector y que estará dotado con más de mil millones de euros.

El ministerio y las comunidades autónomas han aprobado también el Plan Integral de Atención a Menores de Tres Años en Situación de Dependencia, que se integra en el Plan de Infancia y Adolescencia y que prevé establecer un marco normativo básico con criterios comunes en toda España para "garantizar que la atención temprana sea un servicio público, universal y gratuito".

De esta forma, se concederán ayudas a domicilio y prestaciones económicas para los menores de 3 años con dependencia, se les garantizarán plazas en escuelas infantiles o centros de atención socioeducativa y se desarrollarán programas de apoyo y formación a los cuidadores.