Asunción, 25 mar.- Paraguay enviará a Buenos Aires una misión oficial para solicitar información al Gobierno argentino sobre la planta de procesamiento de uranio que se construirá en la provincia de Formosa, a unos 160 kilómetros de Asunción, informó hoy la Cancillería paraguaya en un comunicado.
El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, declaró que la delegación estará formada por técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Paraguay, que se entrevistarán en fecha sin especificar con sus pares argentinos.
Por su parte, el presidente de la CNEA, César Cardozo, reconoció tras reunirse con Loizaga para conformar la misión que no cuenta con información oficial sobre la planta de uranio, si bien aclaró que el proyecto, a cargo de la firma Dioxitek, no es una central nuclear.
"No es una planta nuclear, en caso de que fuera una planta nuclear, la Convención de Seguridad Nuclear prevé en uno de sus artículos que un Estado que construye un emplazamiento de este tipo tiene que informar a los países vecinos", declaró Cardozo.
No obstante, Cardozo señaló que su organismo y la Cancillería consideran necesarias las gestiones "a realizar con la República Argentina para que esta información sea suministrada al país".
El proyecto de planta procesadora de uranio fue presentado la semana pasada en la ciudad de Formosa, capital de la provincia del mismo nombre, con la presencia de directivos de Dioxitek y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina.
La planta, que se ubicará a 16 kilómetros de Formosa, "involucra procesos que no revisten riesgo nuclear alguno" y "no producirá residuos líquidos ni gaseosos", según el informe difundido por el Gobierno argentino.
Sin embargo, dado que Dioxitek procesa mineral de uranio y lo convierte en dióxido de uranio, el proyecto ha provocado la oposición de sectores de Formosa y de algunas poblaciones paraguayas fronterizas como Pilar, donde a primeros de marzo unas 400 personas se manifestaron contra su construcción.
La planta de Dioxitek se encontraba en la provincia central de Córdoba (a unos 800 kilómetros de la capital argentina) pero fue clausurada por la CNEA de Argentina y se decidió su traslado debido al incumplimiento de la normativa municipal y a dos accidentes, según la opositora argentina Unión Cívica Radical (UCR).
La planta de Córdoba es propiedad en un 99 % del Estado argentino y, hasta su clausura, se dedicaba a obtener combustibles a través del dióxido de uranio para ser utilizados por las centrales argentinas de energía atómica Atucha y Embalse.
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