Organismo marroquí pide cambiar percepción social de personas discapacitadas

Rabat, 29 jun.- El Consejo Económico y Social (CES) de Marruecos (órgano consultivo) pidió hoy en Rabat combatir la discriminación que existe en este país hacia las personas discapacitadas.

Mohamed Jadiri, ponente de la Comisión de Asuntos Sociales del CES, insistió durante una rueda de prensa celebrada en la capital marroquí sobre la ausencia de una estrategia nacional global e integrada relativa a las personas con discapacidad.

Jadiri añadió que el coste económico de la exclusión de los discapacitados en el mercado de trabajo en 2004 supuso el 2% del PIB marroquí (un 9.200 millones de dirhams, unos 830 millones de euros).

En un informe presentado hoy, el CES criticó que no se aplique la cuota de empleo del 7% destinada a las personas discapacitadas en el sector público y destacó la ausencia de una cuota de este tipo en el sector privado.

A este respecto, las cifras del informe apuntan que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es cinco veces mayor que entre el resto de la población marroquí.

Según la última encuesta nacional realizada en 2004, las personas con discapacidad representan el 5,12% de la población marroquí, es decir 1.530.000 personas.

El informe subraya que el sistema nacional de enseñanza pública no incluye la escolarización de niños discapacitados, por lo que dos de cada tres niños con discapacidad no van a la escuela.

Asimismo, apunta que la insuficiencia de infraestructuras sanitarias especializadas conduce a que una de cada cinco personas discapacitadas nunca haya frecuentado una institución médica.

Por otra parte, durante la rueda de prensa se subrayó que las personas con discapacidad son vistas por la sociedad como objetos de caridad y no como sujetos con derechos, mientras que el informe resalta que "el 43% de las personas encuestadas atribuyen la causa de su propia discapacidad a orígenes maléficos, mágicos o divinos".

Entre sus recomendaciones, el CES propuso crear una instancia nacional independiente compuesta por las partes concernidas y que estará encargada de impulsar y orientar las políticas públicas relativas a las personas con discapacidad.