Piden que Congreso frene discriminación racial de extranjeros en EE.UU.

María Peña

Washington, 23 abr.- Líderes cívicos y activistas proinmigrantes instaron hoy al Congreso de EE.UU. a que tome medidas para frenar la discriminación racial que, a su juicio, se deriva del combate contra los indocumentados, en el segundo aniversario de la firma de la SB1070 en Arizona.

Durante una rueda de prensa en el Capitolio, los activistas reiteraron su pedido de que el Congreso corrija de una vez el maltrecho sistema de inmigración, al asegurar que leyes como la SB1070, y sus diversas variantes en otros estados, representan un "ataque frontal a los derechos civiles" en Estados Unidos.

En el segundo aniversario de la firma de la SB1070 en Arizona y en vísperas de que el Tribunal Supremo de EE.UU. revise su constitucionalidad, los activistas pidieron que el Congreso, en concreto, apruebe la ley conocida por su sigla en inglés como "ERPA", que prohíbe la discriminación racial de las minorías.

"ERPA" fue presentada en ambas cámaras del Congreso estadounidense el año pasado pero aún no figura en el calendario legislativo para su voto definitivo.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center (Nilc), dijo que al firmar la SB1070 la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, abrió una "guerra política contra los inmigrantes" y desató "una crisis económica y humanitaria" en el estado.

Entre otros elementos, la SB1070 criminaliza la presencia ilegal en Arizona, sanciona la contratación de extranjeros clandestinos, y permite que la policía pida "los papeles" a quienes sospeche que son indocumentados. Además, amplía los poderes de la policía para realizar arrestos de indocumentados sin el debido permiso judicial.

A falta de una reforma migratoria, la SB1070 ha servido como una especie de "incubadora" para otras leyes similares contra la inmigración ilegal en estados como Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Indiana, y Utah.

Mediante demandas, grupos como el Nilc, el Consejo Nacional de la Raza y la Unión de Libertades Civiles, han logrado que los tribunales bloquearan en 2011 las cuatro cláusulas más polémicas de la SB1070 pero, según reiteraron hoy los activistas, el daño ya está hecho porque la ley ha infundido el terror entre la comunidad inmigrante.

Si el Tribunal Supremo deja en pie la SB1070, estaría dando licencia para la discriminación de cualquiera que luzca o suene como extranjero en Arizona y eso es inaceptable en un país forjado por inmigrantes, argumentó Hincapié.

Por su parte, el alcalde republicano de Uvalda (Georgia), Paul Bridges, dijo que se sumó a una demanda contra la ley HB87 en su estado porque "los inmigrantes son parte integral del tejido social" de Georgia, un estado que depende en parte de la mano de obra inmigrante para sus labores agrícolas.

Bridges consideró que la solución está en proteger a las familias y los negocios, y ésta debe venir del Gobierno federal.

La HB56 de Alabama, que al igual que Arizona ha sufrido pérdidas económicas al combatir a los indocumentados, supera con creces la SB1070 porque además exige que las escuelas denuncien ante las autoridades estatales a los estudiantes indocumentados, y prohíbe que los indocumentados puedan obtener servicios públicos.

El viernes pasado, la legislatura estatal de Alabama aprobó una ley que modifica la HB56, pero los activistas dejaron en claro hoy que esa medida no es suficiente y que el Gobierno debe anularla.

Para la reverenda Luz Santiago, de Mesa (Arizona), el efecto de la SB1070 en su ciudad ha sido innegable: ha florecido el racismo, ha aumentado el éxodo de los inmigrantes, y las escuelas, centros comerciales y edificios de apartamentos se están quedando vacíos.

Pero los partidarios de leyes como la SB1070, en su mayoría grupos de corte conservador, se quejan de que el Gobierno federal no hace cumplir las leyes de inmigración y eso ha permitido que los indocumentados obtengan indebidamente empleos y beneficios que corresponden a estadounidenses.

El Tribunal Supremo de EE.UU. escuchará este miércoles los argumentos orales a favor y en contra de la SB1070, y su previsible dictamen en julio próximo ayudaría a esclarecer si los estados estatales pueden crear sus propias leyes de inmigración.

Según los activistas, los magistrados tienen dos escenarios posibles: reafirmar la constitucionalidad de la SB1070 o permitir el retorno a tiempos en que, con la ley de su parte, los estados podían discriminar en base al origen étnico o nacional de las personas.