Madrid, 23 dic.- Una quincena de ONG ambientalistas han denunciado ante la Comisión Europea el retraso en la aprobación de los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 en España y la deficiente participación ciudadana en los mismos.
Las ONG, entre las que se encuentran WWF España, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción o la Fundación Oso Pardo, piden en su carta que la CE inste al Gobierno español a asumir sus responsabilidades en el cumplimiento de "la normativa europea más importante de protección de la biodiversidad".
Según un comunicado de WWF, tras años de retraso, entre dos y cuatro, en la obligación de aprobar los instrumentos de gestión y designar las Zonas de Especial Conservación (ZEC), muchas comunidades autónomas "reaccionan tarde y mal" ante el inminente riesgo de sanción por parte de la Comisión Europea.
Las administraciones autonómicas "han iniciado ahora procesos de aprobación masiva de los planes con un contenido bastante deficiente y no han contado con la necesaria participación ciudadana en la mayor parte de los casos", asegura, lo que lleva a pensar que lo hacen únicamente para "cumplir el expediente".
En su carta, las 15 ONG de carácter científico y de conservación alertan de las graves deficiencias en los planes de gestión de regiones como Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha, que incluyen "una injustificada simplificación de prioridades de conservación".
Tampoco se fijan -añade- objetivos de conservación para todas las especies y hábitats de interés comunitario con presencia significativa en los espacios de la Red Natura 2000 y, en los casos en que sí son fijados, "se hace de forma poco concreta, genérica y no medible".
Estas carencias se detectan en la mayoría de los planes de gestión analizados, que no dan cumplimiento a los requisitos que establecen las Directivas de Hábitats y de Aves.
Las organizaciones firmantes también denuncian la ausencia de talleres y reuniones participativas con los agentes locales interesados para la elaboración de los planes, cuyos plazos para los procesos de información pública han sido, en ocasiones, irrisorios.
Pone como ejemplo Castilla y León, que ha sacado a información pública 436 instrumentos de gestión con tan sólo un mes de plazo para hacer comentarios y alegaciones, al igual que Extremadura, con cerca de un centenar de planes expuestos durante un mes.
Además, denuncian que la falta de detalle en los planes de las prácticas a respetar por los propietarios o gestores de las explotaciones incluidas en la red Natura 2000 impedirá la activación de las ayudas previstas en el Reglamento Feader, en detrimento de la rentabilidad económica de dichas explotaciones.
Y añaden que la ambigüedad de las medidas de gestión supone una alta inseguridad para los agricultores, ganaderos y silvicultores, que no saben qué prácticas agrarias tendrán que adaptar, modificar o limitar para su compatibilización con los objetivos de conservación.
Todo ello, "no sólo no permitirá a España avanzar en sus objetivos de conservación de la biodiversidad de interés europeo, sino que perjudicará claramente al desarrollo rural", aseguran las ONG.
Para WWF España, las Comunidades Autónomas deben aprobar planes de gestión que cumplan con los requisitos de la Directiva de Hábitats, con una amplia participación y con la coordinación del Ministerio de Medio Ambiente, porque "España necesita tener una gestión que esté al nivel de su biodiversidad".
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