Granada (España), 2 abr.- La Universidad española de Granada presentó hoy la red iberoamericana de investigación sobre los nuevos modelos de esclavitud, que pretende impulsar soluciones jurídicas y sociales a los modelos de explotación del siglo XXI, especialmente laborales y sexuales.
La red, en la que participarán 190 instituciones de España, Portugal y América Latina, cifrará una problemática vinculada a la globalización económica, la inmigración y la extrema pobreza.
El proyecto, coordinado por la Universidad de Granada (UGR), fomentará el estudio de la moderna esclavitud, para impulsar soluciones jurídicas y acciones sociales que faciliten el reconocimiento y la protección de las víctimas.
El coordinador general de la red y catedrático de Derecho Penal de la UGR, Esteban Pérez Alonso, detalló que trabajarán desde el ámbito de las ciencias sociales para definir las nuevas formas de esclavitud y concienciar a la sociedad ante una práctica con "millones de víctimas" que "son invisibles, las toleramos, cuando tenemos que luchar desde la prevención y asistencia".
La relatora especial de la ONU contra la esclavitud, Gulnara Shahinian, subrayó la necesidad de analizar estas nuevas formas de esclavitud de las que no existen cifras de víctimas, que afecta especialmente a mujeres y niños y que incluyen una explotación laboral y también sexual.
La iniciativa se enmarca en el proyecto de investigación denominado "El Derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud" y que desarrollará desde hoy sus principales líneas de actuación en un congreso que se celebrará hasta el viernes.
El congreso analizará el fenómeno desde la perspectiva de los derechos humanos con una especial atención al trabajo forzado desde una visión internacional, laboral y penal.
Los expertos de esta red estudiarán el fenómeno de la trata de seres humanos como delito instrumental de otras formas de explotación personal, y se centrarán en la explotación sexual mediante la prostitución no consentida y la de menores.
El encuentro servirá además de germen para debatir medidas de asistencia y protección a las víctimas de estos delitos para proponer soluciones a promotores jurídicos, sociales y políticos con el objetivo de aplicar políticas públicas de prevención y reconocimiento a las víctimas.
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