Supremo rechaza recurso para reactivar parte de ley antiinmigrante de Alabama

Washington, 29 abr.- El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó hoy una apelación presentada para reactivar la parte más polémica de una ley contra la inmigración ilegal de Alabama que un tribunal de menor instancia revocó el año pasado.

En lo que ha sido calificado como una victoria política para la Administración del presidente Barack Obama, el Tribunal Supremo rechazó una apelación presentada por el Gobierno estatal de Alabama, después de que el onceavo tribunal de apelaciones revocó una cláusula de la ley HB56 que sancionaba a quienes ocultan, alberguen o transportan a inmigrantes indocumentados.

Ese tribunal de apelaciones sí dejó en pie otras partes polémicas de la HB56, incluyendo la cláusula que permite a las autoridades policiales revisar el estatus migratorio de personas que sean detenidas por otras infracciones.

El Gobierno federal interpuso una demanda, al igual que otros grupos cívicos y religiosos, contra la HB56, promulgada en 2011 y considerada una de las más duras contra los indocumentados en el país.

La Administración Obama argumentó que las leyes de inmigración federales priman sobre la ley estatal en cuestión y el tribunal de apelaciones, en dos dictámenes separados, le dio la razón.

Como suele suceder en este tipo de situaciones, el Tribunal Supremo no explicó su decisión de rechazar la apelación del estado de Alabama. El juez conservador Antonin Scalia estuvo en contra de la decisión del Supremo pero tampoco ofreció una explicación.

La ley de Alabama, que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en Alabama, se inspiró en la ley SB1070 de Arizona, partes de la cual fueron anuladas por el Tribunal Supremo el año pasado.

Entre otros elementos, la HB56 exige que las escuelas públicas determinen el estatus migratorio de todos los estudiantes y obliga a las empresas a que usen el programa federal "E-Verify" para verificar el estatus legal de sus nuevos empleados, so pena de multas.

Además de Alabama y Arizona, otros siete estados, entre ellos Georgia y Carolina del Sur, han adoptado leyes para combatir a los indocumentados. Pero los grupos defensores de los inmigrantes han impugnado ante los tribunales la puesta en marcha de esas leyes en Georgia y Carolina del Sur.