El TC acogió un requerimiento de 31 legisladores opositores para frenar el proyecto que Bachelet pretendía enviar este mes al Congreso, en el marco de una reforma educativa para reemplazar el actual sistema heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El máximo tribunal chileno declaró "discriminatorios e inconstitucionales" los requisitos que deben presentar las instituciones educativas privadas que pretendían adherirse a la gratuidad, ya que a su juicio afectaba a parte de los estudiantes.
Sin embargo, el TC estimó que la gratuidad de la educación podrá ser financiada mediante la ley de Presupuesto de la República, rechazando otra parte del pedido de inconstitucionalidad.
El fallo del TC se conocerá en su totalidad en dos semanas, tras lo cual, el gobierno deberá realizar modificaciones al proyecto que será enviado el último día del año, según anunció la ministra de Educación, Adriana del Piano.
"Me voy a encargar personalmente de identificar las mejores alternativas para que dentro de las posibilidades, legales por un lado y presupuestarias por el otro, la mayor cantidad posible de estudiantes de educación superior previstos para acceder al beneficio de la gratuidad puedan efectivamente hacerlo", dijo Bachelet tras conocer el fallo.
"Quieren frenar la gratuidad, no lo van a lograr", agregó.
Bachelet logró en 2014 aprobar la llamada "Ley de Inclusión", que comenzará a regir en 2016, como punto de partida de su reforma educativa, y resolvió adelantar en un año la puesta en marcha de la gratuidad para el 50% de los estudiantes más pobres de la educación superior, para alcanzar al 100% en 2020.
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