La ejecución con inyección letal de Tercero, que ha pasado los últimos 15 años en el corredor de la muerte, está pautada para las 18H00 locales (23H00 GMT) en la penitenciaría de Huntsville, Texas (sur de Estados Unidos), según el Departamento estatal de Justicia.
Su defensa ha presentado infructuosamente recursos ante la justicia local y federal, por lo que Tercero se encamina a convertirse en el primer ciudadano nicaragüense en ser ejecutado en Estados Unidos.
El gobierno de Daniel Ortega, que pidió clemencia a su homólogo Barack Obama, rechazó la condena. En el mismo sentido se pronunciaron organizaciones civiles y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, que sostiene que durante el juicio se violaron los derechos de Tercero.
La gobernación de Texas afirma que Tercero cometió un asesinato "brutal" y que está sujeto a las leyes del estado, señaló este martes a la AFP John Wittman, portavoz del gobernador Greg Abbott.
El 31 de marzo de 1997 Tercero y un cómplice entraron armados a robar una lavandería en Houston, Texas, donde el nicaragüense se enfrascó en una pelea con un cliente, un maestro de escuela, al que terminó dando muerte frente a su hija de 3 años.
Luego de una estadía en Nicaragua, Tercero fue arrestado cuando volvió a Estados Unidos en 1999. Fue condenado en 2000 a la pena capital.
La CIDH y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado que su proceso estuvo plagado de irregularidades.
La CIDH otorgó medidas cautelares a Tercero con el objetivo de evitar su ejecución y determinó que Estados Unidos violó sus derechos al no haberle informado durante el juicio que tenía derecho a asistencia del consulado de su país. Según este organismo, sus abogados "cometieron graves fallas que afectaron su derecho a la defensa".
Además, en el centro de la polémica está la edad de Tercero: según la defensa, el certificado de nacimiento usado en el juicio es erróneo y el acusado realmente tenía menos de 18 años al momento del crimen, lo que lo haría inelegible para la pena capital.
Precisamente ese fue el alegato del presidente nicaragüense, quien en una misiva el 30 de julio a Barack Obama le pidió interceder para suspender la pena de muerte "por razones humanitarias".
"Por tratarse de un delito cometido por un menor (su ejecución) sería un castigo cruel e inusual", estimó el mandatario nicaragüense en su carta, en la que dijo que una eventual clemencia de Obama "será recordada por nuestro pueblo y por todos los que en este planeta luchamos a favor de la vida".
Pero en casos de ejecuciones el gobierno central en Washington suele alegar que no tiene potestad para intervenir en los sistemas judiciales estatales.
Las organizaciones de derechos humanos, que han realizado en los últimos días protestas tanto en Houston como en Managua, ponen en duda también la capacidad mental del reo.
Líderes religiosos se han unido a los llamados de perdón. "(Apelo) al corazón de las autoridades estadounidenses para que acojan las peticiones que se han hecho para salvar la vida de Bernardo Tercero", demandó el cardenal nicaragüense Miguel Obando.
El último deseo de Tercero era ver a su madre y su único hijo, Franklin Moisés Tercero, pero este último, de 22 años, anunció en Nicaragua que Estados Unidos le negó la visa humanitaria para visitar a su padre.
du/aic
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