Un destacado líder religioso defiende la pena de muerte en Irán

Teherán, 9 mar.- El ayatolá Ahmad Janati, un destacado clérigo musulmán chií de Irán, defendió hoy la imposición de la pena de muerte en el país para diversos delitos, entre ellos el espionaje y otros de tipo político, social y financiero, informó hoy la agencia oficial, IRNA.

La alocución de Janati, muy próximo al líder supremo del país, ayatolá Ali Jamenei, se produce al día siguiente de divulgarse un nuevo informe del relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en Irán, Ahmed Saheed, que pide al régimen de Teherán que suspenda la aplicación de la pena de muerte.

En el sermón del viernes en la Universidad de Teherán, la principal tribuna política de Irán, Janati precisó que "el espionaje está considerado como 'corrupción de raíz' y es punible con la muerte", que en Irán se aplica por ahorcamiento.

También agregó que la corrupción "puede aplicarse a diversos aspectos éticos, políticos, sociales y financieros", en los que puede imponerse la pena de muerte, aunque, puntualizó: "El Corán tiene penas específicas en cada caso".

Janati, que es el secretario del Consejo de Guardianes, poderoso organismo religioso que supervisa la vida política de Irán, apuntó que otros delitos, como el tráfico de drogas, también implican "corrupción", por lo que a los condenado "deben ser ejecutados", afirma IRNA.

En su informe, el relator de la ONU, entre otras cosas, reclama al Gobierno iraní que considere una moratoria de la pena de muerte para todos los delitos, que conmute las penas existentes de lapidación y prohíba la ejecución de menores, como establece el derecho internacional.

En todo caso, insta a Teherán a "prohibir la pena capital en casos en los que no se cumplen los estándares de 'delitos graves', tal y como los define el derecho internacional", y recomienda que se conmute para aquellos cuyas acciones no entran en esa categoría.

El relator señala que el número de ejecuciones anuales ha pasado de menos de 100 en 2003 a más de 650 en 2011 y cita distintas fuentes para asegurar que el 81 por ciento de los casos guardaron relación con el tráfico de drogas.

Saheed pide, asimismo, al Gobierno iraní que le facilite el acceso al país, que le ha sido denegado desde su nombramiento, el 17 de junio del año pasado, y a colaborar plenamente con la ONU.

Las autoridades de Teherán consideraron la designación de un relator de Derechos Humanos de la ONU como una "medida política" destinada a desprestigiar el país y le han impedido la entrada.

En su primer informe, presentado a la ONU en octubre pasado, Saheed mencionaba cientos de muertes no reveladas en prisiones de Irán, la aplicación de la pena de muerte sin garantías procesales, torturas y numerosas violaciones de los Derechos Humanos fundamentales.

El jefe de la Comisión de Derechos Humanos de la Judicatura de Irán, Mohamad Yavad Lariyani, dijo sobre aquel informe que estaba "lleno de mentiras" y que reflejaba "los puntos de vista hostiles de la oposición iraní en el exilio y nada más".