Xunta:Las víctimas "están ejercitando sus derechos" en el accidente del Alvia

Santiago de Compostela, 17 feb.- El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado hoy sobre el accidente del tren Alvia que "las víctimas tienen su opinión y están ejercitando sus derechos" y ha preferido no pronunciarse sobre las decisiones que está tomando el juez que investiga el caso, Luis Aláez.

Rueda si que ha celebrado que el instructor de la causa abierta por el accidente ferroviario del 24 de julio de 2013 reconozca que la Xunta está colaborando con eta investigación, "como no podía ser menos".

Tras recibir hoy en la capital gallega a la jefa de la unidad de coordinación en materia de víctimas de accidentes de tráfico María José Rodríguez, el número dos del Gobierno ha sido preguntado por las opiniones de las víctimas y las afirmaciones del magistrado en las que acusa a Adif de aumentar el riesgo de "miles de personas" por "fines lucrativos".

Rueda ha indicado que "las víctimas tienen su opinión y están ejercitando sus derechos", pero ha señalado que la valoración que las actuaciones merezcan a las víctimas "o a cualquier parte que resulte afectada, corresponde a cada uno".

El juez instructor Luis Aláez, que lleva el caso, ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste de una persona que pudo perder el control del tren tras atender una llamada telefónica del interventor de a bordo.

El maquinista, Francisco José Garzón Amo, es en este momento el único imputado después de que la Audiencia Provincial de A Coruña exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.

El vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, en otro sentido, ha afirmado que la Xunta pedirá disculpas a la ciudadanía por "la sensación" que el levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre la llamada Operación Pokemon pueda estar trasladando todas "las veces que sea necesario".

Esta investigación se puso en marcha en septiembre de 2012 con el fin de investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas en administraciones gallegas, pero las pesquisas han llegado también a Asturias y a Cataluña.

Las investigaciones atañen a tres alcaldes, cinco exalcaldes y concejales y exconcejales de varios partidos, principalmente PP y PSOE, así como a empresarios y a funcionarios.