El Santander puede vigilar todos los riesgos del Popular e, incluso, actuar para garantizar que cumple con las exigencias normativas, pero limitando al máximo el personal desplazado para acometer dichas tareas y apoyándose en sus efectivos. La transferencia de empleados será una “medida temporal” y restringida a lo “estrictamente necesario”, le impone la Comisión Europea hasta que autorice la operación.
Dada la urgencia con la que se intervino y adjudicó el sexto banco español Bruselas expidió un permiso preliminar tras un somero análisis de sus balances donde no atisbó riesgo de competencia ni perjuicio para otros agentes derivados de la fusión.
Según la notificación de la operación, el organismo europeo calcula en un máximo del 30% la cuota de mercado conjunta en depósitos, crédito, oficinas y pymes en España y similar en Portugal. Entiende que la competencia queda garantizada con esa posición y con la presencia de competidores “creíbles” como CaixaBank, BBVA y Bankia.
Sin embargo y hasta que llegue el visto bueno final, y aunque no se espera que imponga restricciones o desinversiones, obliga a ambos banco a operar de forma autónoma, sin influir en la gestión comercial, comenzar a dar pasos en la integración operativa o tomar decisiones estratégicas, salvo que tengan implicaciones para cumplir con los requerimientos regulatorios.Sin barreras en los riesgos
Las férreas barreras chinas desaparecen cuando se habla de riesgos. Para evitar un deterioro de la solvencia y otros ratios vitales del Popular, el Santander está autorizado para monitorizar la evolución de su liquidez, tesorería, capital regulatorio, riesgos crediticios, de mercado y operacionales; gestionar la labor contable y auditora.
Como excepción, logró una dispensa también para nombrar a sus nuevos gestores y consejeros -el equipo liderado por Rodrigo Echenique- y asignar directivos claves en aquellas filiales donde sea necesario para gestionar los riesgos antes apuntados. Entre las excepciones se le permite igualmente extender desde ya sus criterios o herramientas al Popular en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El Santander se ha comprometido a minimizar el intercambio de información sensible “a lo estrictamente necesario” y reportar de inmediato cualquier medida, labor que corresponderá vigilar además a Marzars. La firma especializada en auditoría y consultoría ejerce de ‘controlador’ o ‘monitoring trustee’ cuyo mandato es garantizar que se respetan las restricciones hasta que Bruselas dé el permiso. Normalmente la Comisión Europea emplea entre cuatro y seis semanas para emitir un dictamen así.
A pesar de las limitaciones, la interlocución del Santander es directa, incluso en lo que compete al Popular, con el Banco de España, el BCE y el fondo nacional de resolución -Frob-, a los que ha mantenido informados ya de las soluciones compensatorias previstas para los accionistas minoritas que acudieron a la ampliación del Popular en 2016 y a los particulares y empresas tenedores de bonos amortizados en la resolución.
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