Bruselas aplaza a julio decisión sobre sanciones a España por déficit

La Comisión Europea decidió este miércoles aplazar a julio la decisión sobre sancionar a España por su excesivo déficit público, al considerar que no era "el momento político", por las elecciones generales del 26 de junio, para esa decisión inédita en la Unión Europea.

Portugal, cuyas cuentas públicas registraron un desajuste en 2015, también evitó este miércoles una sanción de la Comisión, que presentó sus recomendaciones sobre las correcciones a los gastos públicos y el curso de las reformas en los países del bloque.

España debía alcanzar un déficit de 4,2% en 2015 y dejarlo por debajo de 3% este año, conforme a los objetivos fijados por la Comisión Europea para que el país adapte sus cuentas al Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Las reglas del pacto fijan el objetivo de un máximo de 3% de déficit en relación al PIB.

Pero el desajuste de las cuentas públicas de España se ahondó en 2015.

Madrid registró un déficit de 5,1%, según la Comisión, que desde el otoño pasado advierte al gobierno conservador de Mariano Rajoy sobre las cuentas públicas.

Para este año, la Comisión pronostica un déficit de 3,9% del PIB, superior al anunciado por Madrid a mediados de abril del 3,6%.

"Este no es el momento adecuado, económica y políticamente" para sancionar a España, dijo en conferencia de prensa el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Bruselas tomará una decisión sobre sanciones a España "a principios de julio", una vez pasadas las elecciones generales.

"No son decisiones fáciles de tomar (...) y no tenemos enfrente un gobierno que pueda tomar las medidas necesarias", indicó Moscovici interrogado sobre esta prórroga.

Se esperaba una decisión de la Comisión sobre el déficit español. Madrid ya pidió en tres ocasiones más tiempo para ajustarse.

Este miércoles la Comisión otorgó también un año extra a España para adecuarse a las reglas, y le pide un objetivo de 3,7% en 2016 y 2,5% en 2017.

Para ajustarse a la meta, la Comisión recomienda una "corrección durable del excesivo déficit" tomando "las medidas estructurales necesarias y utilizando todos los beneficios obtenidos con una reducción del déficit y de la deuda".

España deberá además impulsar fuertes ajustes para adecuarse a las reglas y estaría obligada a presentar informes regulares sobre el avance de las reformas.

El ministro de Economía español, Luis de Guindos, consideró la decisión de la Comisión como "equilibrada". "El siguiente gobierno tendrá que tomar esas medidas" que reclama Bruselas, agregó.

Duramente golpeada por la crisis de la deuda, España ya había emprendido un histórico esfuerzo de austeridad para reducir el déficit público. En 2012 fue de 10,4%, en 2013 se situó en 6,9%, al año siguiente en 5,9%.

El parón económico de la cuarta economía de la zona euro, que comenzó con la crisis de 2007-2008, sumió al país en una recesión, hizo que se disparara el desempleo, que alcanzó a más del 26% de la población activa en 2013, y obligó a un rescate de su banca.

En su decisión de este miércoles, la Comisión también aplazó a principios de julio la decisión sobre eventuales sanciones a Portugal, que registró en 2015 un déficit de 4,4%, por encima del objetivo de 3%.

Lisboa tendrá este año para reducir su déficit por debajo de esta meta.

El gobierno del primer ministro socialista António Costa impulsa una "lectura flexible" de la reglas fiscales europeas, después que el anterior ejecutivo de centroderecha ya impulsara un vasto programa de ajustes a cambio de un rescate de 78.000 millones de euros.

"Tomamos en cuenta (...) el hecho de que son dos países que sufrieron de lleno la crisis, cuyas tasas de desempleo siguen extremadamente elevadas y que hicieron ambos esfuerzos significativos en materia de reformas", subrayó Moscovici.

De aplicarse una multa, que según las reglas del pacto puede ser de hasta 0,2% del PIB, España o Portugal se convertirían en los primeros países multados por no cumplir las reglas del pacto de estabilidad.

Desde la crisis de la deuda, la Comisión se arrogó nuevas competencias de monitoreo y sanción de los gastos nacionales, con la posibilidad de multar al país que incumple los objetivos.

"Es inaceptable que la Comisión se pliegue al lobby de Madrid y de Lisboa", fustigó el eurodiputado alemán, Markus Ferber, del Partido Popular Europeo (conservadores).

Para Ferber, la decisión de Bruselas "perjudica" las reglas fiscales europeas y considera que "no es un argumento válido" el de posponer la decisión por las elecciones.

Carsten Brzeski, economista del banco ING, estimó que la controvertida decisión fue "buena", ya que actualmente "la mayoría de los países de la zona euro intentan con desesperación relanzar el crecimiento y reducir el desempleo".

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