La norma articula un programa de ayudas a aquellas entidades locales de las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga en cuyos términos se registraron precipitaciones superiores a los 50 litros por metro cuadrado o se produjeron diez o más incidencias atendidas por el 112 entre el 1 y el 5 de diciembre.
La medida tiene como fin evitar la paralización de servicios de competencia municipal esenciales para la salud, la seguridad y la movilidad de la ciudadanía, principalmente los vinculados a infraestructuras de abastecimiento de agua potable; evacuación y tratamiento de aguas residuales; acceso a los núcleos de población; pavimentación y señalización de vías urbanas; alumbrado público; limpieza viaria; cementerios; recogida y tratamiento de residuos; prevención y extinción de incendios, y conservación y mantenimiento de edificios de Educación Infantil, Primaria o Especial.
El decreto ley incluyen también la consideración de proyectos financiables los referidos a la reparación o adquisición de mobiliario urbano dañado; la limpieza de vías urbanas; la adquisición de cisternas de agua, y la retirada de escombros y lodos, además de todas aquellas intervenciones necesarias para la prestación de servicios básicos.
La asignación de los 2,7 millones previstos se distribuirá entre los municipios atendiendo a la gravedad de los daños sufridos, así como a su población, superficie urbana y capacidad económica. No obstante, se establece una limitación de cálculo para que ninguno de ellos reciba menos de un uno por ciento ni más de un 10 por ciento de la cantidad total.
Los alcaldes serán los encargados de presentar las aceptaciones de financiación por vía electrónica a través de la web de la Consejería de la Presidencia y Administración Local. La Dirección General de Administración Local cuantificará la obligación máxima reconocida para cada uno de los ayuntamientos beneficiarios, que tendrán dos meses para presentar los proyectos de actuación.
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