LAS GRANDES EMPRESAS TENDRÁN QUE DAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN SUS INFORMES DE GESTIÓN

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el primer borrador del anteproyecto de ley para la trasposición la directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de las grandes empresas y determinados grupos empresariales.
El texto será remitido al Consejo de Estado para recibir dictamen antes de su aprobación como proyecto de ley y posterior tramitación parlamentaria, según explicó el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado.
Con esta transposición se modifican una serie de artículos del Código de Comercio, de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.
El objetivo de la nueva ley es doble. Por un lado, aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en lo relativo a cuestiones sociales y medioambientales, así como información sobre el personal, el respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción.
La finalidad es “identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad”, señaló el Ministerio.
Por otro lado, se busca ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.
ASPECTOS SOCIALES
En concreto, en lo que atañe a cuestiones medioambientales, la Directiva Europea señala que las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del agua y la contaminación atmosférica.
Respecto a las cuestiones sociales y relativas a personal, la información hará referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.
En relación a los derechos humanos, se incluirá información sobre prevención y medidas, así como en lo relativo a corrupción.
La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa (RSC) contribuye a “medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad”, señaló Economía.
De acuerdo con la Directiva, las empresas deberán presentar esta información incluyendo una descripción de las políticas y resultados en estas materias. Esta información deberá incorporarse al informe de gestión de la empresa o en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.
MÁS DE 500 TRABAJADORES
Estos cambios normativos afectan a empresas grandes con consideración de entidad de interés público que reúnan requisitos como un número medio de los trabajadores durante el ejercicio superior a 500.
También que durante dos ejercicios consecutivos reúna al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.
Por otro lado, se ha aprobado la adaptación a la normativa comunitaria la regulación sobre compensación, liquidación y de registro de valores. El objetivo de estos cambios es permitir la adaptación de Iberclear, la plataforma española de pagos y liquidación de valores, a ‘Target2-Securities’, la plataforma paneuropea de la que formará parte desde septiembre de este año.
Además, se busca “reforzar la protección” de las garantías otorgadas en las operaciones de compensación y liquidación de valores, destacó el Ministerio.