Equipo de gobierno impulsa el plan de compra de viviendas con 750.000 euros para familias en riesgo

Esta nueva convocatoria del tercer Plan de Compra de Viviendas, que está prevista que se apruebe en dicha sesión, contempla la adquisición de inmuebles que deberán tener un mínimo de dos dormitorios, cocina, baño y salón, así como ser accesibles.

Así, tanto las viviendas como las zonas comunes del edificio tendrán que estar en buen estado de conservación, habitabilidad y accesibilidad. Podrán ser de segunda mano o de nueva construcción y la antigüedad del edificio no podrá ser superior a 50 años. Además, cada una de ellas no podrá superar los 60.000 euros de coste.

En concreto, con esta nueva edición, el Ayuntamiento habrá invertido un total de 2,3 millones de euros a esta iniciativa, 500.000 euros en el año 2014; 1.080.000 euros en 2015 --750.000 euros correspondientes al segundo plan y 330.000 para las viviendas adquiridas a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) --, y los 750.000 euros previstos en el ejercicio 2016.

Pomares ha recordado que con el primer y segundo plan se adquirieron 32 viviendas, una acción que permite aumentar el parque inmobiliario municipal y destinarlo a familias con necesidades urgentes.

Así, para la gestión de este plan, está prevista la creación de una mesa de contratación específica y la apertura de una oferta pública de adquisición de vivienda a través de un concurso. Se abrirá un plazo de presentación de ofertas y posteriormente dicho órgano valorará las ofertas presentadas.

Las propuestas de viviendas recibidas serán revisadas para comprobar su estado y el cumplimiento de los requisitos establecidos. Una vez que se adquieran los inmuebles, se destinarán al Plan FRES, que posibilita que familias en riesgo de exclusión social accedan a una casa. En concreto, se ofrecerán en régimen de alquiler social, con una mensualidad entre 75 y 150 euros.

De igual modo, parte de estas adquisiciones se dedicarán a viviendas o alojamientos transitorios, que gestionará el área de Derechos Sociales y las ONG a través de Puerta Única.

CONVENIO CON LA SAREB

Por otro lado, se llevará a aprobación un convenio a firmar con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), para destinar durante un tiempo determinado parte de las viviendas propiedad de la Sareb situadas en el municipio Málaga a afrontar la situación de emergencia social de personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión social.

Málaga se convierte en la tercera ciudad de España, tras Madrid y Barcelona, en suscribir un convenio de este tipo con la Sareb, según ha recordado el edil.

El Consistorio abonará a la Sareb por las viviendas cedidas en usufructo una contraprestación por dicha cesión, concretamente una cantidad fija mensual, por cada una de las unidades, y que ascenderá a 125 euros/mes.

En concreto, se cifra en 7.500 euros el coste máximo de reparación y adecuación de estas viviendas antes de entregarlas a sus adjudicatarios, coste que será sufragado entre la Sareb y el Ayuntamiento al 50 por ciento.

El convenio tendrá una vigencia de ocho años, controlándose su funcionamiento a través de una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas partes firmantes. El número de viviendas que se pondrán a disposición rondan las once unidades, cuya localización no se dará a conocer hasta el momento de adjudicación a sus legítimos inquilinos.

ASCENSORES

Por otro lado, el Consejo Rector también abordará el pliego de condiciones por el que las empresas constructoras y de elevadores podrán presentar sus ofertas a la licitación del contrato de servicio de obras para la instalación de ascensores.

Estos ascensores se ubicarán en aquellos edificios de viviendas que hayan sido beneficiarios de la convocatoria pública de subvenciones para implantar este tipo de medidas de accesibilidad; convocatoria que puso en marcha el IMV el pasado mes de octubre y que aún se encuentra en fase de valoración de las solicitudes.

Ha recordado que el pliego contempla una licitación por dos millones de euros IVA incluido, y la oferta más ventajosa será aquella que proponga un porcentaje más económico a la base de precios unitarios que se incluye en la oferta pública y ofrezca un mayor periodo de garantía de la obra y del mantenimiento posterior de los elevadores.

Las ayudas previstas en la convocatoria en marcha se destinarán a garantizar la accesibilidad a las viviendas a las personas mayores o con movilidad reducida que vivan en comunidades de propietarios.

OFICINA

Por otro lado, el Consejo Rector va a proponer la ampliación de la Oficina de Derecho a la Vivienda con la incorporación de dos nuevos empleados: un trabajador social y un licenciado en Derecho.

Las contrataciones se realizarán a través del Servicio Andaluz de Empleo y se formará un tribunal en el que estarán representados técnicos del IMV y del Comité de Empresa.

A través de la Oficina de Derecho a la Vivienda se está garantizando el derecho a la vivienda, atendiendo, por un lado, a las personas que se han inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, y, por otro, especialmente a familias con riesgo de exclusión social.

Familias con necesidad urgente de vivienda, incursas en procedimientos de desalojo, desahucio o lanzamientos, pero no solo derivados del fenómeno hipotecario, sino de cualquier otro supuesto que pudiera implicar que una familia quedara sin una vivienda en la que alojarse.

ADHESIÓN A CONVENIOS

Por otro lado, el Ayuntamiento se va a adherir al convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Junta sobre la cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.

El objetivo de este acuerdo, cuyo texto se abordará también en el consejo, es la detección rápida de supuestos de vulnerabilidad con ocasión de lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.