El gobierno de España, sumida en una parálisis política, defendió este viernes que su reforma del impuesto de sociedades, una de las medidas adoptadas para corregir su excesivo déficit, bastaría para evitar la suspensión de fondos europeos, una acción que Bruselas debe todavía estudiar.
En una reunión de los 19 ministros de Finanzas de la zona euro en Bratislava, el representante español Luis De Guindos anunció que en las próximas semanas presentará en el Parlamento español una modificación del impuesto de sociedades con el objetivo de aumentar la recaudación "en unos 6.000 millones de euros".
Una vez aprobada esta acción, España habrá "cumplido la 'acción efectiva' que nos pedían y las medidas que nos requerían la Comisión Europea", señaló a la prensa De Guindos a la salida de la reunión.
La Comisión Europea rechazó en julio multar a España por desviarse de su objetivo de déficit, pero le pidió adoptar "medidas efectivas" para corregirlo y anunció una eventual suspensión total o parcial de las inversiones previstas en los Fondos Estructurales, que estudian actualmente.
En 2015, el déficit español alcanzó en concreto un 5,1% del PIB, mucho más que el máximo de 3% fijado por el llamado Pacto de Estabilidad y que el objetivo de 4,2% establecido posteriormente por la Comisión. Una eventual multa habría podido alcanzar hasta el 0,2% del PIB, es decir, poco más de 2.000 millones de euros.
Preguntados por si la reforma del impuesto de sociedades bastaba para evitar la suspensión de fondos, el comisario europeo de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici, evitó pronunciarse, ya que debían estudiar aún los "esfuerzos presupuestarios" de España.
Sin embargo, a una eventual decisión de congelar los Fondos Estructurales podría seguirle "un levantamiento de la suspensión, si los esfuerzos realizados son sustanciales y suficientes", precisó Moscovici en rueda de prensa.
El jarro de agua fría vino, no obstante, de parte de un miembro del directorio del Banco Central Europeo (BCE), Benoît Coeuré, quien reiteró que "las reglas [de la UE para controlar el déficit presupuestario] debían implementarse de una manera transparente, consistente y previsible".
La Comisión Europea, encargada de velar por el cumplimiento del objetivo de déficit, da de plazo a los países miembros para presentar sus presupuestos hasta el 15 de octubre, si bien se enfrenta a una situación inédita este año por la parálisis política en España.
El gobierno del conservador Mariano Rajoy se encuentra en funciones desde las elecciones legislativas del 20 de diciembre que, junto a unos nuevos comicios celebrados el 26 de junio, no han logrado conformar una mayoría gubernamental.
"Es prácticamente imposible que podamos mandar un presupuesto [para 2017], en el sentido estricto del término, (...) lo que tendremos que presentar fundamentalmente es (...) un presupuesto prorrogado para cumplir con las obligaciones", explicó De Guindos.
La reunión del Eurogrupo sirvió, en este sentido, para analizar la situación. "Hablamos mucho de procedimientos, de problemas de presentación, de fechas de presentación y, evidentemente, todo el mundo tendrá en cuenta la situación política en España", dijo el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin.
Según De Guindos, la reunión informal del Eurogrupo acordó que los presupuestos se remitan entre el 1 y el 15 de octubre y que un país con un gobierno en funciones deberá remitirlo "sin modificaciones sustanciales del mismo".
"Es muy difícil para la Comisión evaluar un presupuesto si no hay presupuesto", dijo a su llegada a la reunión el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, para quien "independientemente de las decisiones adoptadas este verano, los problemas presupuestarios de España no se han evaporado".
"No podemos formar un gobierno en España, aunque en ocasiones quisiéramos [hacerlo]", añadió.
Además de cancelar la multa, la Comisión concedió en julio a España dos años adicionales, hasta 2018, para rebajar su déficit por debajo del 3% del PIB.
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