Desde el punto de vista de Contabilidad Nacional, los recursos que los países comprometen en estos préstamos no tienen impacto en el déficit público ni suponen nuevas necesidades de financiación.
España firmó en marzo de 2013 un acuerdo de préstamo con el FMI por el cual aceptaba poner a disposición de la institución el equivalente a un máximo de 1.860 millones de euros en DEG con el propósito de aumentar los recursos financieros del FMI para la prevención y resolución de crisis.
Dicho acuerdo entró en vigor el 19 de julio de 2013 con una duración inicial de dos años y tras dos extensiones, expirará el próximo 19 de julio de 2017.
Sin embargo, en agosto de 2016 el FMI planteó la necesidad de renovar dichos préstamos, dados los riesgos que todavía persisten en el sistema financiero internacional y el G-20 respaldó en la Cumbre de Hangzhou, de septiembre de ese mismo año, dicha propuesta para mantener la capacidad de préstamo del Fondo.
"En ese contexto, la práctica totalidad de países de la Unión Europea han aceptado renovar sus préstamos. España también ha manifestado su intención de hacerlo", precisó el Gobierno, señalando que, aunque la decisión de contribuir al FMI es estrictamente nacional, los países de la Unión Europea han coordinado sus posiciones durante el proceso de renovación.
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