EL GOBIERNO FACILITARÁ EL ACCESO DE PYMES A CONTRATOS PÚBLICOS Y VETARÁ A EMPRESAS CONDENADAS POR CORRUPCIÓN

- Podrán reservarse contratos públicos para centros especiales de empleo. El Consejo de Ministros acordó este viernes la remisión a las Cortes del proyecto de ley de contratación en el sector público, que tiene entre otros objetivos aumentar la “competencia” para conseguir una “mayor participación” de la pequeña y mediana empresa y “facilitar”, así, su acceso a los contratos pública. Además, no podrán ser contratistas con el sector públicos los condenados por corrupción entre particulares.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, señaló que esta norma permitirá, además, una utilización más eficaz de los recursos públicos.
Con esta norma, indicó, se cumple con la trasposición de directivas europeas y señaló que es “urgente” su aprobación en el Parlamento, ya que el plazo para cumplir con la adopción de las mismas venció en abril, pero un Gobierno en funciones no podía aprobar leyes y la Comisión abrió un procedimiento de infracción.
Méndez de Vigo señaló que los “objetivos esenciales” son reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos, además de que se generalizan las declaraciones responsables, con lo que se eliminan “muchas de esa trabas burocráticas y administrativas”.
Por otra parte, se apuesta por la utilización de medios electrónicos, se reducen plazos de adjudicación, se aumenta la competencia para una mayor participación de pequeñas y medianas empresas y se incentiva que los contratos se dividan en lotes para permitir el acceso de compañías de menor tamaño a la contratación pública.
Además, se recoge la posibilidad de que se exija a la empresa de que el periodo de pago a sus proveedores no supere determinados límites y no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares.
Por otra parte, se incluyen también en el ámbito subjetivo de la ley a los partidos políticos, fundaciones vinculadas a éstos, organizaciones sindicales o empresariales, si están financiados mayoritariamente por fondos públicos.
DISCAPACIDAD
En la norma se hace referencia también a aspectos medioambientales o sociales, y se podrá “favorecer”, según el portavoz del Gobierno, a empresas que acrediten tener medidas de protección de personas con discapacidad.
En concreto, se prevé que puedan reservarse contratos públicos para centros especiales de empleo cuando, al menos, el 30% de sus empleados sean personas con discapacidad.
Méndez de Vigo indicó también que se establece la prohibición de contratar con la Administración a empresas con más de 50 empleados que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2% de trabajadores con discapacidad.