Hidroeléctrica panameña operará tras acuerdo entre gobierno e indígenas

La hidroeléctrica Barro Blanco iniciará operaciones tras año y medio de paralización, gracias a un acuerdo entre el gobierno de Panamá y la comunidad indígena Ngäbe Buglé que se oponía al funcionamiento del proyecto cerca de su territorio, informó una fuente oficial.

El acuerdo fue firmado este lunes por representantes del gobierno panameño y de la comunidad, según un comunicado de la Presidencia.

"El éxito estuvo en que se realizó sobre las bases del respeto, la tolerancia y un examen profundo de los aspectos claves del proyecto", dijo el presidente Juan Carlos Varela.

Según el acuerdo, la empresa panameña Generadora del Istmo (Genisa), que construyó la obra, "se retira de la operación" y será remplazada por un tercero "con suficiente experiencia para la operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas".

En el acuerdo con la comunidad Ngäbe Buglé, el gobierno se ha comprometido a crear un fideicomiso con el 15% de los ingresos brutos que genere el proyecto hidroeléctrico para el desarrollo de las áreas indígenas aledañas.

Además, se comprometió a que en la etapa operativa de la central hidroeléctrica "se priorizará que al menos el 50% del personal sea indígena".

Las acciones de Genisa serán traspasadas a un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá en garantía del "repago de préstamos otorgados por los bancos multilaterales de desarrollo" para la construcción de la represa, señala el comunicado.

El documento fue firmado en Llano Tugrí, capital de la comarca indígena Ngäbe Buglé, en medio de incidentes protagonizados por pequeños grupos que se oponen al acuerdo, y que llegaron a increpar al presidente Varela, según imágenes del canal TVN-2.

En el comunicado de Presidencia, Varela lamentó los hechos "aislados" y los vinculó a un "grupo radical minoritario".

Barro Blanco, ubicado en las cercanías de la comarca indígena Ngäbe Buglé, en el suroeste del país, permanece paralizado desde febrero de 2015, cuando el gobierno panameño ordenó su detención por incumplimientos ambientales.

Aunque la paralización se produjo cuando llevaba un 95% de avance, el gobierno permitió concluir las obras del proyecto, financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Además, los indígenas Ngäbe Buglé rechazaban la hidroeléctrica por temor a perder sus tierras y la destrucción del río Tabasará, del que se alimentará la central.

El acuerdo también establece la cancelación de cualquier concesión de proyectos hidroeléctricos que existan sobre el río Tabasará y la obligación del gobierno de realizar un referendo para aprobar concesiones futuras en la comarca Ngäbe Bugle.

Genisa calculó en más de 130 millones de dólares las pérdidas por el retraso en la entrada en funcionamiento de la central.