La justicia chilena imputó por corrupción este miércoles al exministro de minería del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Laurence Golborne, reconocido por encabezar el rescate de los 33 mineros de Atacama en 2010.
Un juzgado de Santiago formalizó cargos y dictó medidas cautelares contra Golborne por la entrega de facturas falsas destinadas a financiar su actividad política y por incurrir en delitos tributarios bajo esa modalidad.
El exministro, que lideró el exitoso rescate de los mineros tras sobrevivir 69 días a más de 600 metros de profundidad, deberá comparecer cada 15 días a firmar y tiene prohibida la salida del país.
Al finalizar la audiencia, Golborne dijo que reconoció ante la justicia que facilitó boletas para recibir apoyo económico a su actividad política pero rechazó haber incurrido en delitos tributarios.
"Desde el punto de vista tributario la acusación que formula el Ministerio Público no es correcta. No cometí delitos tributarios", señaló el exministro en tono sereno ante periodistas.
A mediados de junio, el senador derechista Jaime Orpis se convirtió en el primer político chileno activo en recibir una medida cautelar que implicó el arresto domiciliario.
Orpis, de la ultraconservadora Unión Democráta Independiente (UDI), es investigado por corrupción tras presuntamente haber recibido pagos de una empresa pesquera en medio de la formulación de una ley del sector aprobada durante el gobierno de Piñera.
El caso de Orpis y el de Golborne son dos de muchos ejemplos de financiamiento ilegal de campañas que salieron a la luz en los últimos dos años, hundiendo la credibilidad de la clase política del país sudamericano.
Los escándalos por el financiamiento ilegal de la política desde gigantes de la industria chilena como Penta, implicado en casos como el de Golborne y otros políticos de derecha, y la minera Soquimich, que financió campañas de izquierda y derecha, iniciaron una ola de sospechas de corrupción que tuvo su clímax en un caso que tocó a la familia de la presidenta Michelle Bachelet.
Un supuesto tráfico de influencias llevó a la imputación de la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, y hundió la popularidad de la mandataria a niveles apenas superiores al 20%.
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