Junta y Ayuntamiento colaboran en la coordinación con la Policía Local para el control del transporte

El objetivo de este encuentro, que responde a la petición planteada por el sector del transporte de viajeros en vehículos turismo, ha sido informar a la Policía Local sobre las distintas instrucciones, tanto ministeriales como autonómicas, en vigor y que afectan a los profesionales de la movilidad.

Fruto de la coordinación de ambas administraciones se ha procedido a la redacción conjunta de un acta que a partir de ahora utilizará la Policía Local y que les facilitará la labor inspectora tanto a los posibles vehículos ilegales como a taxistas, a los VTC y a vehículos de cortesía, desde el control de la autorización del vehículo, contratación previa, hoja de ruta, ubicación regulada y régimen tarifario, entre otros asuntos contemplados en la norma.

Asimismo, ambas administraciones han redactado un acta única para los servicios que se ofrecen en el aeropuerto de Málaga, orientado principalmente a controlar y atajar el intrusismo y la competencia desleal entre el sector del taxi y el de alquiler con conductor VTC.

El intrusismo en dicho sector tiene un doble perjuicio, han apuntado desde la Junta a través de un comunicado: por un lado, supone un grave menoscabo económico para los profesionales que prestan este servicio de transporte de forma regulada y de acuerdo a la normativa; y por otro, coloca al consumidor en una situación de desprotección e indefensión.

En ese sentido, los vehículos ilegales de transporte de viajeros no se ven sujetos a ningún control y sus conductores pueden no contar siquiera con el carnet de conducir, mientras que un taxi oficial ha de someterse a una revisión anual mucho más exigente que la ITV rutinaria, con un conductor que ha de superar pruebas de capacitación y renovar su licencia también con una periodicidad anual.

Además, en caso de siniestro en un taxi pirata, los usuarios no pueden beneficiarse de la cobertura del seguro obligatorio del automóvil.

LEY DE ORDENACIÓN DE TRANSPORTES URBANOS Y METROPOLITANOS

En diciembre de 2014, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto ley que modifica la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros, con el fin de reforzar el control contra el creciente fenómeno del intrusismo en el sector del taxi.

El cambio afectó básicamente a la medida cautelar de inmovilización del vehículo infractor en el acto, regulada en esta norma, para permitir a las fuerzas de seguridad prolongar la retención hasta el abono de la correspondiente sanción o la prestación de una garantía de pago (caución) por una entidad autorizada.

Los gastos originados por el depósito del vehículo correrán a cargo de la persona infractora. Antes del decreto ley, la inmovilización se mantenía únicamente durante el momento en que se imponía la sanción, lo que en la práctica convertía la medida en ineficaz, ya que los vehículos pirata podían seguir la marcha tras ser multados y cargar nuevos pasajeros.

El decreto ley mejoró así la cobertura legal de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad contra los 'taxis pirata', con especial repercusión en el caso de las policías locales, ya que el 90 por ciento de los servicios ilegales de transporte se prestan sin salir de los términos municipales.

Sólo en la ciudad de Málaga se han contabilizado desde el inicio del año 20 vehículos inmovilizados, de los que 14 aún siguen en tal estado, lo que confirma, tal como han expresado ambas administraciones en esta jornada de trabajo conjunta, el descenso palpable en la actividad del transporte ilegal desde la adopción de tal medida.