MADRID. LA COMPRA DE LAS PREFERENTES DE CAJA MADRID POR MÓSTOLES SUR PODRÍA HABER GENERADO UNAS PÉRDIDAS DE 4 MILLONES

La compra de preferentes de Caja Madrid por parte del consorcio urbanístico Móstoles Sur en 2009, participado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la localidad, podría haber generado unas pérdidas a las administraciones públicas cercanas a los cuatro millones de euros, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció hoy en el Fórum Europa que ha trasladado el caso a la Fiscalía General del Estado. Las mismas fuentes explicaron que la operación se realizó en 2009, año en que dicho consorcio adquirió participaciones preferentes a Caja Madrid por un valor de diez millones de euros.
Asimismo, señalaron que tras su venta, en 2013, la operación se saldó con unas pérdidas cercanas a los cuatro millones de euros y manifestaron que en el momento en el que la Comunidad de Madrid detectó la operación se reunió al Consejo de Administración del Consorcio Móstoles-Sur para recabar información sobre esta compra de preferentes, y se constató que no existía ningún documento en el que se reflejera dicha operación, que debería haber sido aprobada por el Consejo de Administración.
Ahora, añadieron, toda la información recabada se va a poner a disposición de la Fiscalía, para que sea ésta la que decida si se ha cometido alguna irregularidad por parte de las personas que en el momento de la compra ocupaban los puestos del Consejo de Administración –tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento de Móstoles-, que eran los encargados de tomar las decisiones.
El Gobierno regional ha solicitado también un informe a la Abogacía de la Comunidad para conocer si es posible recuperar el dinero invertido.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la existencia de determinadas anomalías detectadas por los funcionarios en la acreditación de los medios humanos y técnicos de un contrato de formación de autónomos y emprendedores por importe de 67.000 euros.
Las citadas fuentes explicaron que el contrato en cuestión fue adjudicado en noviembre de 2016 por concurso público a la Cámara de Comercio, y ante las anomalías detectadas, la Comunidad de Madrid inició el procedimiento para la resolución del contrato, así como la incautación de la garantía definitiva, superior a los 3.000 euros, por lo que los cursos de dicho lote no se han llegado a impartir.
De la misma manera, indicaron, el personal del centro gestor informó de dichas incidencias a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, quien tras analizar el expediente, dio instrucciones para que se pusiera en conocimiento de la Fiscalía, para que sea ésta la que determine si los hechos pudieran ser constitutivos de alguna ilegalidad.