En un comunicado, la asociación señala que si la Comisión Europea admite a trámite la denuncia, las compañías eléctricas tendrán que devolver más de 3.000 millones de euros percibidos por estas ayudas solo durante el periodo 2011 a 2015.
En la actualidad, estas ayudas suponen unos 700 millones de euros anuales que pagan los consumidores y aprueba el Estado para asegurar la garantía de suministro.
La directora de IIDMA, Ana Barreira, señaló que los pagos por capacidad "violan el derecho de la UE" relativo a las ayudas de Estado. "Además, no hay constancia de que el Estado español las notificara a la Comisión, estando obligado a ello. Son contrarias a derecho, pues no son de interés general, son desproporcionadas y no hay necesidad de intervención del Estado, entre otras razones", dijo.
En concreto, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y el IIDMA han denunciado ante Bruselas los pagos correspondientes al incentivo a la inversión y el servicio de disponibilidad.
A este respecto, Piet Holtrop, abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, consideró que se tratan de "ayudas ilegales recibidas principalmente por las centrales de gas o carbón desde 1997 para que sigan funcionando, en un contexto de sobrecapacidad de nuestro sistema eléctrico".
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