LA CNMC INTERPONE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA EN LA NORMATIVA DE VEHÍCULOS DE ALQUILER CON CONDUCTOR

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra determinadas restricciones a la competencia establecidas en la normativa de vehículos de alquiler con conductor (VTC).
En un comunicado, la Comisión recuerda que el pasado 14 de enero envió al Consejo de Ministros un requerimiento de anulación de varios artículos incorporados en el real decreto de 20 de noviembre sobre esta materia y que el pasado 9 de febrero formuló un requerimiento al Ministerio de Fomento solicitándole la eliminación de varios artículos incorporados en una orden ministerial.
El organismo se queja de que “ninguno de estos dos requerimientos previos ha sido respondido ni motivado por el Ministerio de Fomento”.
En consecuencia, la CNMC ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo, “dirigido a mejorar ambas normas y remover las restricciones injustificadas a la competencia que perjudican a los consumidores, las empresas, los autónomos y al propio sector público”.
La Comisión recuerda que está “legitimada para impugnar los actos de las Administraciones Públicas y las normas con rango inferior a la ley que sean contrarios a los principios de promoción de la competencia efectiva y a la regulación económica eficiente”.
Entre los principales obstáculos a la competencia establecidos en el real decreto y en la orden ministerial, que deben ser eliminados por no estar “suficientemente justificados”, para la CNMC, se encuentran los límites cuantitativos a las licencias de VTC, obligación de contratación previa del servicio y prohibición de competir de forma directa en la vía pública.
También se apuntan restricciones geográficas a la prestación del servicio que fragmentan el mercado nacional, el establecimiento de un número mínimo de vehículos para operar y una serie de restricciones innecesarias y discriminatorias para los nuevos entrantes relacionadas con la representatividad y la antigüedad de los vehículos.
La Comisión considera que “todas estas limitaciones son contrarias a los principios de promoción de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente” establecidos en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
“Estas barreras carecen de justificación social, obstaculizan la competencia efectiva en el transporte urbano de pasajeros en todo el territorio nacional, afectan negativamente a la innovación y, por todo ello, reducen el bienestar general”, señala la CNMC, que agrega que por ello “deben ser eliminadas en aras de un mejor funcionamiento de la economía española”.