Sánchez Rubio critica el "recorte reconocido por el Gobierno central" de más de 2.270 millones en dependencia

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha denunciado este miércoles en el Pleno del Parlamento el "recorte de 2.278 millones de euros en tres años, desde julio de 2012 hasta el año 2014 reconocido por el propio Gobierno central" en el documento que ha remitido recientemente a Bruselas, con la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019.

Así lo ha indicado la consejera en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PP Rafael Valero, en la que Sánchez Rubio también ha recordado que, según el Observatorio Estatal de la Dependencia, incluyendo el año 2015, "el recorte directo se aproximará a los 3.000 millones de euros, un Gobierno Central, claro está, que evita a toda costa hablar del terrible impacto sobre las personas de esos recortes".

La responsable de las política sociales ha destacado durante su intervención que "frente a estas políticas, el Gobierno andaluz ha mantenido un compromiso firme con el Estado de Bienestar y con el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia desde la puesta en marcha de la Ley, cumpliendo el compromiso adquirido por su Presidenta de mantener y consolidar el sistema, para que estas personas y sus familias puedan tener una vida más autónoma y más digna".

Según datos del Imserso, a 31 de marzo de 2016 existen en Andalucía un total de 178.856 personas beneficiarias del sistema de dependencia y 232.414 prestaciones, lo que supone un total del 23% del total nacional.

Andalucía ha atendido a más de 344.000 personas en situación de dependencia y ha concedido más de 454.000 prestaciones desde que se comenzó a aplicar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en 2007. Asimismo, durante el pasado año se han incorporado al sistema un total de 40.004 nuevas personas beneficiarias (el 66% mujeres y el 34% hombres), que cuentan con 51.433 prestaciones. En las nuevas incorporaciones están incluidas 18.926 personas a las que se les ha reconocido el Servicio de Teleasistencia avanzada. Además, se han realizado 65.884 valoraciones y revisiones a lo largo del año.

En lo referente a los servicios concedidos en Andalucía, a 31 de marzo de 2016, del total de prestaciones concedidas el 67,69 por ciento están relacionadas con los servicios y el 33,31% por ciento con las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, por lo que en Andalucía se están concediendo proporcionalmente más servicios que la media nacional.

Durante su intervención, Sánchez Rubio ha hecho referencia al último Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia de diciembre de 2015, en el que se reconoce los avances que se han conseguido en Andalucía situándola con una puntuación de 7,5 sobre 10, mientras que la media nacional no consigue superar el aprobado con una media de 4 puntos.

"Otros datos irrefutables es que desde la aplicación de la Ley, Andalucía ha destinado más de 8.000 millones de euros. Además, la Junta de Andalucía ha reclamado por carta al Gobierno central, su aportación económica correspondiente a las 20.000 personas con dependencia moderada incorporadas en 2015 y que asciende a unos cinco millones de euros", ha recordado la consejera.

"QUEDA UN LARGO CAMINO POR RECORRER"

Por su parte, Valero ha indicado que si se atiende a las estadísticas en Andalucía "queda un largo camino por recorrer" en materia de dependencia, ya que "es la comunidad con el gasto por beneficiario al año más bajo de toda España, 6.700 euros frente a 9.200 de promedio nacional". Además, critica que "más de 104.000 andaluces a los que se le ha reconocido la prestación no la han recibido", lo que supone "el 37% en lista de espera".

Del mismo modo, asegura que la espera "es muy larga y va más allá del plazo máximo de seis meses entre la solicitud y resolución del reconocimiento", tal y como "dice el informe del Defensor del Pueblo Andaluz". Y añade que de 2012 a 2015 "ha fallecido 7.700 personas solicitantes", y "se han perdido 30.000 dependientes porque la Junta no ha resuelto y ha impedido que haya nuevos usuarios en el sistema".

Por último, señala que del gasto total "el 65% lo aportan los Presupuestos Generales del Estado", y lamenta que la Junta "le deba a los ayuntamientos seis meses, más de 160 millones de euros, cuando saben que el convenio exige que hay que pagar dos meses por adelantado".