Según ha explicado en una nota, estas ayudas son financiadas con fondos europeos del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR) 2014-2020, haciendo la Junta de Andalucía una apuesta decidida por el relevo generacional y el acceso de los jóvenes a la actividad agraria para luchar contra el envejecimiento de los activos agrarios, contra la despoblación rural y el paro juvenil.
UPA-A entiende que estas ayudas deben estar exentas de tributación, ya que "podría pervertir la finalidad para la que fueron concebidas, creando dificultades añadidas a estos jóvenes en este periodo delicado de su actividad profesional".
De esta manera, la organización agraria ha apuntado que una solución transitoria hasta lograr su exención podría ser la imposición fraccionada del importe recibido, que asciende a unos 60.000 euros, durante los cinco años que dura la instalación del joven, para "evitar que ayudas provenientes de fondos europeos se las quede el Ministerio de Hacienda".
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