En una nota, UPA-A ha señalado que esta medida, que en apariencia va en la línea de la protección del medio ambiente, puede provocar "un daño enorme" en esta zona de la provincia de Sevilla, por lo que va a mantener una reunión con el sector para "tratar de unir fuerzas y reclamar a la Junta de Andalucía una salida a esta situación".
La pesca y venta del cangrejo genera una facturación de 20 millones de euros anuales y más de 200.000 jornales en las cinco industrias dedicadas a la transformación y elaboración del cangrejo rojo, siendo además el único sustento económico de más de 250 familias de la localidad dedicadas a la pesca y situando a Sevilla como la principal zona productora de Europa, convirtiendo a España en el segundo país exportador de cangrejo del mundo.
La recogida del cangrejo beneficia también a los agricultores de esta zona tradicionalmente arrocera, pues la reproducción de esta especie llevaría, de no recolectarse, a convertirse en una plaga, atrancando y estropeando las infraestructuras de riego.
"De un problema se creó una solución interesante: un nuevo sector económico, que ahora está en peligro, y que además de la ruina para la zona, nos puede generar grandes problemas a los agricultores", han explicado desde UPA. Los arroceros se benefician por tanto de la recogida del cangrejo que, gracias a la pesca, está controlado.
UPA ha anunciado que apoyará el recurso al Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo, participará en las movilizaciones que ya se fraguan en la zona y tratará de conseguir el apoyo político de las administraciones para este sector.
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