De este modo, la moción conjunta presentada por Participa Sevilla e IU que ha sido aprobada insta a la empresa municipal de la vivienda, Emasesa, a modificar su reglamento para prohibir cortar el suministro de agua a quien esté en una situación precaria y que puedan recibir un suministro vital mínimo de tres metros cúbicos por persona y mes; a que los criterios de fijación de tasas dependa del nivel de renta de cada familia, incorporando ayudas a los ciudadanos en peor situación y agilizar los trámites para el acceso a éstas.
También, plantea que se habiliten mecanismos para garantizar que a ningún domicilio se le niegue el agua por estar en situación de "precariedad habitacional" acreditada por Servicios Sociales y apuesta por la publicación trimestral de los datos sobre los cortes de agua y las ayudas, la exposición pública de los planes de inversión de Emasesa.
Igualmente, con el apoyo de Participa e Iu y la abstención del resto de los grupos, se ha instado a la Junta andaluza a modificar la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía y del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua para incluir el reconocimiento explícito del "derecho humano al agua como inalienable e inviolable, incluyendo el derecho de los andaluces a no verse privados del suministro por su situación de precariedad habitacional, recibiendo un suministro mínimo vital cuando su situación económica lo requiera".
En este marco, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, ha indicado que hasta que no se ha lanzado una campaña por el derecho al agua "el gobierno no ha reaccionado" e indica que los protocolos aprobados por Emasesa tienen de fecha 21 de julio de 2016. "El objetivo de esta moción es cambiar el rumbo a Emasesa, hacerla una empresa más social y transparente", señala, tras apostar por el aumento de la información al ciudadano sobre las ayudas existentes.
De su lado, la concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato indica que se están "dando pasos" para que la capital andaluza garantice los derechos ciudadanos como es el agua. "Es un derecho fundamental y esencial y tenía que estar recogido de modo formal en el reglamento de Emasesa", incide. Para Honorato, "se está de celebración porque es un primer paso gracias a todas las personas que han luchado en la calle a diario", pero advierte de que "los derechos humanos no se mendigan".
El concejal de Hacienda, Joaquín Castillo (PSOE), ha defendido a Emasesa como "una empresa social históricamente" comparándola con las del entorno y subraya que ya no se corta el agua por motivos económicos, con el aval de los Servicios Sociales, mientras que se creará un grupo de trabajo para analizar las tarifas que tengan en cuenta los índices de renta. Además, explica que se han reforzado sus medios humanos y materiales para dar mayor información. "Nos congratulamos de que se resuelvan los problemas con el agua con Emasesa, que ha hecho una gran labor y la seguirá haciendo", sentencia.
El edil del PP Alberto Díaz indica que se trata de un asunto "muy sensible" y muestra su "solidaridad con todos los problemas sociales de la ciudad", mientras que recuerda que la Administración competente en estos asuntos es "en todo momento la Junta de Andalucía".
Además, el concejal de C's Javier Moyano ha alabado lo que ya se está haciendo bien, como atender unos 3.600 recibos en materia de servicios sociales, el no cortar el suministro a las familias con problemas económicos, el desarrollo de campañas informativas o la agilización de trámites, entre otros. "Es una apuesta firma el gastar cinco o seis millones de las arcas municipales en defender el derecho al agua. No vengo a chillar sobre los insolidarios que somos, sino a valorar lo que se está haciendo para garantizar el derecho al agua", incide.
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