Casarrubios, el pueblo que 'blanqueó' mil piscinas con la regularización catastral

Casarrubios del Monte, un pequeño municipio toledano de apenas 5.300 habitantes y que hace frontera con la Comunidad de Madrid, ha aprovechado al máximo la regularización catastral extraordinaria aprobada por el departamento de Cristóbal Montoro a finales de 2012 y ha logrado blanquear 1.315 piscinas que no estaban declaradas y, por tanto, eran ilegales y no pagaban impuestos.

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Los vecinos de esta localidad en la comarca de La Sagra han conseguido regularizar 1.756 inmuebles, de un total de 16.159, de los que tres de cada cuatro han sido piscinas, y está en el top 10 de los municipios con mayor porcentaje de regularización de estas instalaciones.

El primer lugar lo ocupa La Ametlla del Vallès, un municipio de poco 7.300 habitantes situado en la comarca del Vallés Oriental, en el que el 85% de las regularizaciones han sido piscinas. Mientras, la localidad con más obras de este tipo afloradas es Murcia capital, donde se han legalizado 2.704, el 17% del total.

Balance de la regularización

Según los datos actualizados y facilitados a lainformacion.com por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el proceso de regularización catastral ha propiciado que se hayan legalizado 1.098.761 inmuebles en un total de 2.877 municipios, en los que el proceso ha terminado.

Murcia encabeza varias tablas, ya que es hasta el momento la localidad en la que más inmuebles se han blanquedo (15.887) y en la que más inmuebles urbanos se han puesto al día con el Fisco (15.777) y en el que más piscinas se han regularizado. Mientras, la localidad almeriense de El Ejido ostenta el primer puesto en cuanto a legalizaciones de inmuebles rústicos (2.939).

Mientras, en la Comunidad de Madrid, en la que la inspección ya ha finalizado en 122 municipios, han sido regularizados 49.864 inmuebles desde el comienzo del Plan (2013) hasta el segundo semestre de 2016. El 28% de los procesos ha tenido que ver con nuevas construcciones, el 44% con ampliaciones y rehabilitaciones, el 12% con reformas y cambios de uso y el 15% con piscinas.

El incremento medio del recibo del padrón del IBI ha supuesto un 0,97% en los municipios terminados y el incremento medio del recibo del IBI urbano por inmueble ha sido de 176 euros.

En diciembre de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un proceso de regularización catastral extraordinaria que tenía como objetivo aflorar cientos de miles de inmuebles y edificaciones ilegales cuyos propietarios habían eludido el pago el Impuesto de Bienes Inmubles que les correspondía por superficie.Un comienzo díficil

El proyecto de Hacienda, que ha estado coordinado con los ayuntamientos, nació con polémica, pero tras cuatro años y pese a que en algunos municipios todavía no ha terminado el proceso -como el caso de Madrid capital que continuará hasta el 31 de julio- los resultados invitan al optimismo.

Por apenas 60 euros, correspondientes a una tasa, y de forma voluntaria los propietarios que no han cumplido con Hacienda al declarar sus inmuebles y piscinas han tenido la oportunidad -todavía algunos la tienen- de notificar las actuaciones realizadas y evitar una multa importante.

La regularización tiene efectos desde la fecha en la que se efectuó la construcción irregular que se notifica y eso también implica que el ayuntamiento en el que está ubicada puede reclamar el IBI y otros impuestos de la finca, más intereses de demora, que dejó de ingresar durante los últimos cuatro años.

Para el secretario general de Gestha (sindicato de Técnicos de Hacienda), José María Mollinedo, la regularización catastral extraordinaria se pensó con el objetivo de generar una nueva vía de ingresos para los ayuntamientos, gracias a un aumento de la recaudación de IBI, en un momento en el que estaban obligados a cumplir con el déficit cero.

"Desde nuestra óptica, regularizar una situación anterior nos parece positivo. Los ayuntamientos, que necesitan ingresar se encuentran en la disyuntiva de subir la carga impoitiva entre los que ya lo declaran o repartir esa carga impositiva entre un mayor número de contribuyentes y esto es por lo que se ha optado", señala a este medio.

"La tasa de 60 euros ha sustituido en esta ocasión a las multas que se imponían antes y con eso se ha logrado evitar los inconvenientes que conlleva la sanción, que necesita abrir un expediente separado y dar paso a un plazo de alegaciones, una excesiva burocracia para cobrar 60 euros", concluye.