Alaya acusa al líder de Fiteqa de hacer un "negocio bilateral" con los ERE

Sevilla, 25 abr.- La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado hoy en el caso al secretario general estatal de la Federación de Industria, Textil, Química y Afines (Fiteqa) de CCOO, José Luis Montesinos, a quien ha acusado de haber organizado un "negocio bilateral" con la mediadora Vitalia a costa de las ayudas.

Montesinos, primer líder sindical de ámbito estatal que es imputado en los ERE, se ha acogido a su derecho a no declarar y la Fiscalía ha pedido para él una fianza civil de 12.234 euros, de los que su federación sindical sería responsable subsidiaria.

Según la imputación leída por Alaya, a la que ha tenido acceso Efe, Montesinos fue responsable de la inclusión en pólizas de rentas de "algunos miembros del sindicato o personas relacionadas con el mismo".

A través de las sobrecomisiones que Vitalia cobraba a la Junta, según Alaya, la mediadora otorgaba "contraprestaciones o negocio bilateral" a los sindicatos, al ser éstos "fuente de información constante para la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran estar interesadas en procesos de reestructuración de plantilla".

La juez ha imputado a Montesinos haber influido "a sabiendas de su injusticia" en la póliza asignada a Rosario Esteban, viuda de un trabajador de Fiteqa.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el sindicalista una fianza civil equivalente a los 12.234 euros cobrados por dicha "intrusa", aunque ha precisado que en el futuro puede solicitar que se amplíen los delitos a la vista de las investigaciones abiertas sobre el presunto cobro por los sindicatos de "comisiones ilícitas en la tramitación de los pagos realizados por la Junta de Andalucía".

Además ha anunciado que podría imputarle los mismos hechos por los que ya está acusado Juan Antonio Florido, exsecretario de Organización de Fiteqa, incluido en cuatro pólizas de la empresa sevillana Hytasal y que, según Alaya, hacía labores de "captación" y "facilitador" para Vitalia.

El defensor de Montesinos se ha opuesto a la fianza porque la juez "no concreta ni precisa en modo alguno, sino que realiza atribuciones de carácter puramente genérico" y sobre la póliza cobrada por la viuda del trabajador de Fiteqa, entiende que esa ayuda no figura entre las recogidas por el último informe de la dirección general de Seguros.

Hoy también ha comparecido ante Alaya y se ha acogido a su derecho a no declarar Francisco Moyano, vinculado entre 1995 y 2013 a la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta), quien recibió de la partida 31L una subvención de 120.481 euros para la reinserción en el sector de la automoción de 39 extrabajadores de la extinta empresa Azahara Textil de Córdoba.

Según la imputación, aunque Faecta era la beneficiaria última de la subvención no hizo petición alguna y el Plan de Viabilidad de Azahara Textil "fue supuestamente hecho" por otra entidad, llamada Gestifesa, aunque Alaya precisa que dicho estudio, que costó 34.810 euros, no ha sido localizado por la Junta.

La inserción laboral de los 39 trabajadores "consistió en charlas meramente informativas de expertos y empresarios sobre el sector de la automoción", según la juez, que concreta que tampoco se hicieron todos los cursos proyectados y los empleados fueron informados sobre prevención de riesgos laborales y gestión de cooperativas.

Las declaraciones de hoy se han completado con Santiago Romero e Inocencio Estévez, supuestos perceptores de ayudas a las que no tenían derecho relacionadas con el Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), que tampoco han declarado.