La Junta de Andalucía aprobó hoy dos anteproyectos de ley que amplían y refuerzan las medidas contra los desahucios. Una de sus novedades es que la Junta tendrá derecho de compra preferente de las viviendas afectadas, para poder destinarlas a alquiler social para los expulsados de su hogar.
Otras medidas incluidas en los anteproyectos aprobados por el Consejo de Gobierno de este viernes son la creación de un tribunal específico de arbitraje para facilitar soluciones extrajudiciales, y el diseño de un sistema integral de información y asesoramiento a las personas perjudicadas.
La primera de estas medidas se regula en el anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía, cuya tramitación ha autorizado el Consejo de Gobierno.
Las otras dos se incorporan al texto de la futura Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, que ya fue remitido al Parlamento andaluz el pasado mes de enero pero no llegó a tramitarse.
"Con la figura del retracto tenemos como principal objetivo la obtención de viviendas para el alquiler social, con el fin de dar una solución a las familias que hayan sido privadas de su casa como consecuencia de un proceso de desahucio", ha señalado el vicepresidente de la Junta.
Ha insistido en que la administración andaluza persigue un "triple objetivo": facilitar la permanencia de las familias afectadas en la vivienda, incrementar el parque público residencial de la Junta vinculado a las políticas sociales y asegurar una oferta suficiente de viviendas en manos de la administración dirigidas a personas con especiales dificultades y vulnerabilidad.
En este caso, el Consejo ha aprobado el anteproyecto con el mismo contenido y las modificaciones citadas, así como su remisión al Consejo Consultivo de Andalucía como paso previo a su aprobación definitiva por el Ejecutivo y su posterior tramitación parlamentaria.
Ambos textos completarán el marco normativo de la lucha contra los desahucios en Andalucía, que se inició con la Ley de la Función Social de la Vivienda aprobada por la Cámara autonómica y en vigor desde octubre de 2013. La norma se encuentra ahora parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso presentado por el Gobierno de España.
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