Arranca en Portugal la comisión encargada de indagar en el escándalo del BES

Óscar Tomasi

Lisboa, 17 nov.- Cuatro meses de plazo, veinte diputados y más de un centenar de testimonios son los ingredientes que reúne la comisión parlamentaria creada en Portugal para investigar la caída del Banco Espírito Santo (BES), el mayor escándalo financiero de la historia reciente del país.

Iniciada en medio de una notable expectación mediática, el primero en medirse a los parlamentarios fue el gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, abiertamente cuestionado por su forma de gestionar esta crisis y que durante varias horas respondió a las inquisidoras cuestiones planteadas por todos los partidos con asiento en la Cámara.

La comisión arrancó tres meses y medio después de que el BES -entonces principal entidad financiera privada del país- fuese intervenido por el banco central luso, víctima de los problemas financieros del conglomerado al que pertenecía, propiedad de la familia Espírito Santo.

Los intentos por separar el destino de la entidad del peligroso rumbo que apuntaba el resto del emporio familiar, acosado por su delicada situación financiera, fueron infructuosos y se dieron por imposibles después de ser divulgado un análisis detallado de sus cuentas que llevó a multiplicar sus multimillonarias pérdidas.

Los diputados tienen ante sí la misión de "aclarar las prácticas de la anterior gestión del BES, el papel de los auditores externos y las relaciones entre el BES y las entidades integradas en el Grupo Espírito Santo", en el sentido de evaluar los vehículos utilizados por la entidad para financiar a su matriz.

Desde cuándo sabía el supervisor que el banco afrontaba problemas, qué ocurrió con su división en Angola, dónde empieza y dónde acaba la responsabilidad de Ricardo Salgado -ex presidente de la entidad y cara visible del emporio familiar-, o cómo fueron capaces sus gestores de maquillar las cuentas son algunas de las preguntas que se encuentran encima de la mesa.

También se pretende dilucidar si la troika conocía la delicada situación del BES -o si le fue escondida- antes de aprobar la salida "limpia" de Portugal de su rescate financiero, oficializada apenas cuatro días antes de que se publicara una auditoría realizada a instancias del banco central luso que alertaba por primera vez de "importantes irregularidades" en el seno del Grupo Espírito Santo.

En cuestión se encuentra igualmente la depuración de responsabilidades sobre lo ocurrido, y hoy mismo el propio Carlos Costa avanzó que "se espera que a muy corto plazo se inicien nuevos procesos judiciales por infracciones legales, sobre todo por el incumplimiento de medidas ordenadas por el Banco de Portugal".

El máximo responsable del supervisor bancario luso reveló que las conclusiones de la auditoría forense que está realizando Deloitte sobre el BES serán enviadas al Ministerio Público para que "puedan ser depuradas eventuales responsabilidades en el plano criminal".

Costa se excusó por no poder facilitar todos los detalles para no perjudicar la investigación, pero sí anticipó que la documentación recogida apunta a "graves irregularidades y prácticas ilícitas" cometidas por "el BES o por miembros de sus órganos sociales".

El gobernador defendió una y otra vez la actuación del organismo que dirige en este caso y recordó su complejidad debido sobre todo por el maquillaje de las cuentas de empresas con sede en otros países (la mayoría en Luxemburgo) sobre las que no tenía poder de supervisión, por lo que admitió no ser capaz de conocer la verdadera gravedad de la situación hasta el último momento.

La solución del Banco de Portugal fue la de dividir el BES en dos: una parte tóxica que mantiene el nombre original -y cuyas pérdidas deberán asumir sus accionistas- y otra con los activos saludables agrupados en el "Novo Banco", una entidad creada ad hoc para este objetivo.

Las consecuencias de la debacle del emporio Espírito Santo son ya visibles pese a que todavía no ha comenzado la venta de sus activos.

Además de un impacto en la economía portuguesa aún por cuantificar, los temblores provocados por este hundimiento afectaron indirectamente a la compañía Portugal Telecom -obligándole incluso a alterar su fusión con Oi-, causaron pérdidas a miles de pequeños accionistas del BES y agitaron el debate político al sacar a la luz las conexiones de la familia con altas esferas del poder.