Asociaciones creen que la Ley de Defensa de los Consumidores "se queda corta"

Madrid, 11 oct.- Las asociaciones de consumidores han considerado que la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobada hoy por el Ejecutivo "se queda corta" porque contiene cambios pero no los suficientes para una mayor protección de los ciudadanos.

Las asociaciones han recibido así la norma que, según el Ejecutivo, refuerza la protección de los consumidores en transacciones de comercio electrónico y, entre otras novedades, amplía el plazo de las devoluciones de siete días a catorce.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretende con la ley dotar a los usuarios de nuevos derechos en cuanto a plazos de entrega, desestimiento y riesgo de pérdida o deterioro del producto adquirido.

Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las mejoras de la nueva norma son "notables" pero ha insistido, en un comunicado, en que aún queda mucho por hacer si se quiere proteger a la ciudadanía porque, entre otras cosas, debería incluir, una regulación concreta sobre la forma de envío de facturas del consumidor.

En este sentido, la OCU ha señalado que sería preciso contar con el consentimiento expreso del consumidor para el envío de las facturas únicamente en soporte digital y prohibir de forma expresa que se supedite el envío en papel al pago de una cantidad.

A juicio de la asociación, la norma debería establecer, entre otros asuntos, que cuando la inspección de consumo sancione a un empresario por incumplir sus obligaciones hacia un consumidor, el importe de la multa debería servir como compensación económica del daño que éste ha sufrido.

La OCU también ha hecho hincapié en que "las garantías siguen siendo la Cenicienta de la norma", ya que la regulación actual "es lamentable, ambigua y poco aplicable" y hasta que no se aborde este tema "no se podrá decir que la ley efectivamente protege y defiende a los consumidores".

La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha señalado que la norma "se queda corta" puesto que aún quedan "muchos aspectos" por abordar como las problemáticas relacionadas con el sector eléctrico, las cláusulas y prácticas abusivas, los condicionados de la publicidad o los "deficientes" servicios de atención al cliente de las empresas de servicios.

La CECU ha opinado que las medidas aprobadas deberían ir acompañadas de mejoras en los organismos de control e intervención de la administración frente a las actuaciones de las empresas y, si cabe, establecer sanciones que mejoren la efectividad de la ley y que éstas se hagan públicas.