San José, 15 abr.- Las autoridades judiciales de Costa Rica confirmaron hoy que han abierto una investigación por presuntas irregularidades en la polémica concesión por 30 años a la empresa brasileña OAS de una carretera de 58 kilómetros valorada en 523,7 millones de dólares.
El Ministerio Público indicó en un comunicado que hoy registró las oficinas del estatal Consejo Nacional de Concesiones con el objetivo de "secuestrar documentos relacionados con el proceso penal que investiga la concesión" del corredor que va de San José hacia el oeste hasta llegar a San Ramón, provincia de Alajuela.
"La investigación se abrió el lunes anterior, luego de recibir una denuncia de un ciudadano costarricense por presuntas irregularidades en dicha concesión", explicó el Ministerio Público.
El delito que por el momento se investiga es el de "incumplimiento de deberes", sin que se haya personalizado aún, y las autoridades no descartan que con el avance de la investigación se imputen otros delitos.
La concesión de esta vía, que es un tramo de 58 kilómetros de la carretera, ha generado una polémica en Costa Rica en las últimas semanas, pues las comunidades por las que pasa se han organizado en el llamado Foro de Occidente para ejercer su oposición.
Los vecinos afirman que la concesión es demasiado cara y que deberán pagar una suma excesiva en peajes (unos 8 dólares ida y vuelta) por una carretera que no será ampliada en su mayor parte, sino reconstruida, lo que no resolverá el problema actual de congestión de vehículos.
El pasado 11 de abril, cientos de personas protagonizaron una manifestación en la ciudad de Alajuela, unos 20 kilómetros al oeste de San José, donde la presidenta del país, Laura Chinchilla, participaba de un acto oficial.
La concesión fue refrendada este año por el Gobierno, pero luego de la protesta de la semana pasada Chinchilla ordenó paralizar por cinco meses el proceso para buscar diálogo con las comunidades.
El Foro de Occidente indicó hoy que para dialogar con el Gobierno exigen la cancelación del contrato con OAS y la destitución del ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, a quien señalan de haber trabajado como asesor de la empresa brasileña antes de entrar al Gobierno.
Los opositores consideran que hay otras opciones para reconstruir la carretera mediante un aumento en el costo de los peajes estatales actuales o un crédito internacional.
Otro de los señalamientos es que en 2004 las obras se calcularon en 295 millones de dólares, para 2009 el monto se elevó a 350 millones de dólares y finalmente alcanzó los 523,7 millones de dólares en el contrato refrendado este año con la empresa brasileña.
El diputado opositor del Partido Unidad Social Cristiana Luis Fishman anunció hoy que presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional en contra de la concesión.
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